A través del cruce de datos de solicitudes de Transparencia y de fuentes abiertas, El Líbero pudo determinar que el Estado gastó $1.330 millones para que estos 10 estudiantes se formaran fuera del país en distintas disciplinas y volvieran a Chile a retribuir con lo aprendido. Pero eso no ocurrió. Se quedaron trabajando en el extranjero en empresas privadas, universidades y organismos internacionales. Todos están en el radar de la Anid bajo el estado de “incumplimiento” y el Estado ha presentado demanda civil contra tres de ellos. Uno de los casos más llamativos es el de un beneficiario al que Chile le dio una beca de $126 millones y en la Universidad de Cornell fue “vicepresidente de la Asociación de Estudiantes Colombianos”.