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Publicado el 14 de septiembre, 2018

Tatiana Vargas: La independencia judicial en riesgo mortal

Académica Facultad de Derecho Universidad de los Andes Tatiana Vargas
Las reglas del juego político, ¿admiten “presiones legítimas” judiciales?
Tatiana Vargas Académica Facultad de Derecho Universidad de los Andes
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Llaman la atención los últimos dichos del diputado de oposición Leonardo Soto, presidente de la comisión que revisa si procede la acusación constitucional contra tres ministros de la Corte Suprema presentada por un grupo de parlamentarios también de oposición. Declara antes de juzgar el mérito de la acusación: “Durante la dictadura y varios años después negaron sistemáticamente justicia a familiares de las víctimas”. 

 

Las expresiones se suman al conflicto producido por la presentación de esa acusación política como una “presión legítima”. Ella estaría dentro de las reglas del juego, más allá de discursos de autonomía. “Algo huele mal en Dinamarca”, en el sistema judicial… ¿Qué queda dentro de las reglas del juego político? ¿Caben presiones legítimas?

 

No existen presiones legítimas. La Constitución y la ley contemplan mecanismos para hacer efectiva la responsabilidad de los jueces por incumplimientos de normas, jamás por decidir aplicando las leyes vigentes (como conceder libertades o amnistías si se cumplen requisitos legales). El poder legislativo tiene un rol de control, fiscalización, y nunca de presión para lograr determinadas decisiones judiciales. La acusación constitucional es una de las herramientas de control.

 

Toda coacción ejercida contra jueces es insostenible, especialmente si son parte del máximo tribunal del país; termina por aniquilar las facultades del juez y, con ello, el sistema judicial. Otro asunto es emplear medidas de fiscalización y sanción en caso de infracción de normas legales y constitucionales.

 

El riesgo de muerte de la independencia del juzgador es mayor si se usan procedimientos que no siguen los fines para los se crearon. La comisión revisora de la acusación ha de integrarse por cinco miembros que excluyan a los acusadores opositores. Si bien los deja fuera, cuatro de los cinco integrantes son de oposición. Esta sola militancia no debiera generar dudas de imparcialidad e independencia para juzgar, que parece ser la finalidad del límite para la composición de la comisión. Después de las declaraciones del presidente es dudoso que se mantenga.

 

Si las garantías de independencia e imparcialidad ya no interesan en el sistema judicial, no ha de sorprender que ellas dejen de regir en un juicio político y nos acerquemos a una centralización del poder muy propia de los regímenes totalitarios o dictatoriales. ¿Qué juego estamos jugando y con qué jugadores?

 

 

FOTO: PABLO OVALLE ISASMENDI / AGENCIAUNO

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