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Publicado el 30 de agosto, 2018

Eleonora Urrutia: ¿Es la propiedad privada un monopolio?

Las voces contra la propiedad privada continúan, como lo demuestra el reciente libro "Radical Markets", en el que los autores proponen una reestructuración drástica de los derechos de propiedad. Bajo el argumento que la propiedad privada es intrínsecamente monopólica, recomiendan un sistema en el que su derecho de uso esté siempre a la venta para permitir que la propiedad sea controlada por las personas que más la valoran y presumiblemente así aprovecharla al máximo para el interés público.
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“Donde no hay propiedad privada, el individuo se somete al Estado o muere de hambre”. No escribió esta frase un liberal o un conservador, sino el comunista León Trotski, decepcionado y amargado por el fracaso de su lucha contra Stalin, al descubrir la causa profunda de ese fracaso. La propiedad privada no es sólo el derecho de cada quien a conservar lo suyo. Es también el derecho de cada quien a disponer libremente de lo suyo y es el pilar fundamental de una economía. Los pocos países cuyos gobiernos todavía protegen y defienden los derechos de propiedad son los ricos y desarrollados; el resto no.

 

No obstante, con más o menos vehemencia, la propiedad privada suele ser atacada con conceptos vagos y equívocos, propios del pensamiento flojo, que abren puertas a toda suerte de torpezas, caprichos y abusos, con base en la errónea suposición de que los gobiernos son intelectual y moralmente superiores a los individuos de a pie, conocen mejor que ellos sus intereses y necesidades y por tanto han de dirigir vidas, acciones y conciencias, y disponer a su antojo de sus propiedades.

 

Es lo que sucede con la reciente publicación del libro Radical Markets, en el que el profesor de la Universidad de Chicago Eric Posner y el investigador de Microsoft Glen Weyl proponen una reestructuración drástica de los derechos de propiedad a resultas de la cual los propietarios se encontrarían sujetos al remate constante de su propiedad a manos de quien ofrezca un precio mayor. Una especie de licitación permanente de los derechos de propiedad, bajo el argumento que se trata de un mecanismo típico de mercado y por tanto la puesta en oferta de la propiedad implicaría mayor competencia y, por lo mismo, favorecería al interés público.

 

El gobierno de Chile, hace un par de meses y haciéndose eco casualmente de este tipo de políticas, decidió en torno al espectro radioeléctrico precarizar todo el sistema de concesiones al permitir como primer caso que “la autoridad administrativa pueda cambiar, reducir o eliminar el espectro asignado por concesión a un particular en una determinada banda de frecuencia, si así le parece, por intermedio de una resolución exenta”. No tan sólo en Chile no existe la propiedad sobre el espectro, lo que permitiría un aprovechamiento mucho mejor de parte de todos los chilenos, sino que una vez precarizada, el gobierno ha decidido no respetar siquiera el cumplimiento de un contrato de concesión.

 

Una de las facetas de la propiedad privada es el cumplimiento de las obligaciones contractuales. Incluso en el caso de que la cancelación del contrato pudiera tener unas dudosas consecuencias beneficiosas inicialmente, el sólo daño moral causado por la violación pública del cumplimiento contractual compensaría, con mucho, los supuestos beneficios obtenidos. Hace un tiempo, hablando sobre Venezuela, el abogado Luis Alfonso Herrera y el analista político Felipe Benítez señalaban que “las expropiaciones arbitrarias y las violaciones de la propiedad personal o empresarial” están a la orden del día. Porque analizando el periodo comprendido entre 2007 y 2012, estos profesionales habían encontrado que el 85% de los decretos aprobados por el fallecido Hugo Chávez contenían ataques o violaciones a los derechos de propiedad. Así está Venezuela.

 

Recorriendo la  historia de la propiedad privada

Arthur Lee, el famoso diplomático de la Guerra Revolucionaria de los Estados Unidos y férreo opositor a la esclavitud en la Virginia colonial, escribía en 1775 que la propiedad es “el guardián de todos los otros derechos”. En la misma línea la Suprema Corte de los Estados Unidos declaraba en 1897: “En un gobierno de libres casi todos los demás derechos pierden sentido si el gobierno posee el poder sobre la fortuna privada de cada ciudadano”.

 

Sin propiedad privada no hay escapatoria al poder estatal. Los derechos de propiedad son peldaños vitales hacia la libertad política. La propiedad le otorga a las personas un lugar donde pararse si deben resistir a los gobiernos; le permite a los ciudadanos construir la riqueza suficiente para resistir la presión gubernamental. Por eso la eliminan todos los gobiernos socialistas, empezando por restringirla arbitrariamente.

 

Las ideas en torno a la propiedad no se generaron al vacío. Más de un siglo antes de la Revolución Americana tuvo lugar la guerra civil que hiciera estragos en Gran Bretaña enfrentando a la monarquía contra el parlamento. Entre los oponentes de la monarquía estaban los intelectuales whigs del siglo XVII, John Locke, Algernon Sidney y Thomas Gordon y sus teorías sobre la propiedad y el gobierno. Creían que la fuente de todos los derechos era la santidad del individuo, no la divinidad del estado. El gobierno legítimo era un agente, un sirviente, una mera conveniencia cargada con ciertas tareas específicas a quienes los propietarios podían dar una pequeña parte de su libertad y propiedad para instituir el derecho penal, la defensa nacional y desempeñar otras tareas delegadas puntualmente; y ya incluso en tiempos coloniales la mayoría de las descripciones del poder político eran negativas. Es también relevante que los whigs expresaran todos los derechos en términos de la propiedad: cada hombre es propietario de su persona y su trabajo; los propietarios de esclavos eran condenados como ladrones de hombres; cuando argumentaban a favor de la libertad de religión, se referían a la “propiedad sobre nuestra conciencia”; cuando se oponían a las leyes sabáticas, que prohibían ciertas actividades los domingos, se referían a la “propiedad sobre el tiempo de cada uno”. La visión whig igualaba propiedad y libertad, reflejando el concepto que la propiedad se refiere primariamente no a un título legal sino a la libertad de actuar.

 

Más aún, los avances en neurociencias han demostrado que la propiedad es una categoría inherente al cerebro de los animales. La defensa del cuerpo es algo que comparten todos los seres vivos y que en muchos se extiende a la delimitación de su territorio. En el caso del ser humano, además, el sistema nervioso incorpora como propias las herramientas que usa. Por eso es tan natural que sintamos como una extensión de nuestro cuerpo el vehículo con el que manejamos y podemos calcular sin mayor dificultad el espacio para estacionar o circular. O manipulemos un martillo sin rompernos el dedo.

 

Muchos años después de los whigs, escribiría el Premio Nobel de Economía Ronald Coas en su ensayo sobre El problema del costo social: “Podemos hablar de una persona que posee tierra y la usa como factor de producción, pero lo que el propietario posee en realidad es el derecho a realizar ciertas acciones físicas. Estos derechos son los que llamamos propiedad privada y constituyen los factores reales de producción”. El título legal en sí no significa nada. En el mejor de los casos, un título o escritura equivale a una prueba de propiedad, no a los derechos inherentes a la propiedad.

 

Los Estados Unidos recogen esta tradición. Seis de las diez primeras enmiendas se refieren directa o indirectamente a la propiedad privada, siendo la más destacada la Quinta Enmienda que establece que a ningún hombre “se le privará de la vida, la libertad o la propiedad sin el debido proceso legal; ni se ocupará su propiedad privada para uso público sin una justa indemnización”. La primera cláusula es el debido proceso, mientras que la segunda es la cláusula sobre expropiaciones. Hasta la mitad del siglo pasado, el debido proceso fue usado para derribar regulaciones impuestas sobre la propiedad privada, especialmente si equivalían a una confiscación por regulación o si excedían la autoridad delegada constitucionalmente. La cláusula sobre expropiaciones, por su parte, tenía la intención de evitar que el gobierno forzara a unos pocos propietarios a soportar la carga de medidas legislativas destinadas a beneficiar al público y reducía las incertidumbres sobre la propiedad que surgían del sistema político, ayudando a mitigar los problemas de la famosa política “mutable” de James Madison.

 

La propiedad privada y los bienes públicos

En las últimas décadas sin embargo, las cortes han evolucionado permitiendo la regulación de la propiedad. La actual situación resulta de visiones encontradas sobre su naturaleza: ¿Tienen los propietarios protecciones constitucionales contra acciones arbitrarias de los gobiernos o son éstos supremos? En tiempos de los Padres Fundadores esta última visión era conocida como “el derecho divino de los reyes”; durante la primera mitad del siglo XX, el sistema que permitía propiedad en el papel mientras que el gobierno tomaba todas las decisiones importantes relativas al uso de la propiedad se llamaba fascismo. Hoy la supremacía del gobierno sobre los propietarios significa que el gobierno puede permitir temporalmente el acceso a un título de algunas de sus posesiones y el uso limitado a su gusto. Hasta el momento, los opositores de los derechos de propiedad se han negado a dar un nuevo nombre a su sistema, pero hasta hace unas décadas se lo hubiera llamado tiranía. Y es que lo que ha venido sucediendo en este último tiempo -una vez demolido el comunismo como forma de organización social- es que las voces de izquierda han logrado permear en ciertos círculos intelectuales su ideología sobre las fallas de mercado, brindando a los gobiernos una excusa para desmembrar la propiedad bajo la letanía que el derecho no puede ser ejercido en absoluto y que es el estado el encargado de regularlo en el caso de ciertos bienes públicos, que son los que la autoridad dicen que son. Olvidan que es el mercado en su acepción lata (interacción entre múltiples tipos de propiedad privada y de contratos voluntarios; de instituciones en el sentido mengeriano y hayekiano) el que permite solventar del mejor modo posible los inerradicables problemas de información propios de todo orden social complejo, como demostrara la dupla de nobeles Coase y Elinor Ostrom, ésta última añadiendo el concepto de la propiedad privada comunal. Y no por un ingenuo idealismo de que el mercado sea perfecto, sino por un pragmático realismo de que el mercado es mucho menos imperfecto que el Estado. Y olvidan también que luego que Samuelson en 1964 utilizara los bienes públicos como el ejemplo perfecto de un bien “necesariamente público”, explicando que ningún empresario lo construiría ya que no podría extraer un pago de cada usuario (la luz le cae a cualquiera que pasa por el faro sin discriminación), en 1974  Ronald Coase escribiría un ensayo titulado El faro en la economía en el que contaba cómo 34 de los 46 faros existentes en Inglaterra a principios del siglo XIX habían sido construidos y administrados por individuos.

 

Radical Markets 

Pero las voces contra la propiedad privada continúan, como queda dicho más arriba y como lo demuestra el reciente mencionado libro Radical Markets, en el que los autores proponen una reestructuración drástica de los derechos de propiedad (junto con la política inmigratoria, el voto y el derecho corporativo) de modo que los propietarios estén permanentemente sujetos al remate de su propiedad por una oferta mayor. Bajo el argumento que la propiedad privada es intrínsecamente monopólica, recomiendan un sistema en el que su derecho de uso esté siempre a la venta para permitir que la propiedad sea controlada por las personas que más la valoran y presumiblemente así aprovecharla al máximo para el interés público. Entre otros detalles, para evitar que se coloque un precio desorbitado, la persona que controla los derechos sobre la propiedad diseña un impuesto basado en el valor que esa misma persona le asigne: una valoración alta desalentará a otros de comprarle la propiedad, pero también significará mayores impuestos a fin de año. El porcentual tarifario depende, por supuesto, de la discreción de la autoridad.

 

El resultado de tal sistema es que nadie sería realmente dueño de nada. De hecho, todos estarían alquilando sus cosas por el monto de su declaración fiscal anual. Haciéndose eco del lema radical de la izquierda de que “la propiedad es un robo”, los autores declaran que “la propiedad es monopólica” y que no les gustan los monopolios. El argumento de Posner y Weyl para anular los derechos de propiedad es que la propiedad privada confiere intrínsecamente poder de mercado. De hecho, el título que eligen para su capítulo sobre este tema es “La propiedad es monopolio”.  En sentido estrictamente técnico tienen razón: no hay un sustituto perfecto para una propiedad, aunque más no sea porque no pueden ocupar el mismo terreno o la misma altura, y por lo mismo todo propietario tiene una pequeña cantidad de poder de mercado. Pero hay sustitutos cercanos para cada hogar y hay sustitutos aún más cercanos para acciones, bonos y automóviles. Entonces “Property is monopoly” es un título muy exagerado. Lo que hacen estos autores en realidad es precarizar los derechos de propiedad, haciéndolos condicionales.

 

Este tipo de ideas son, precisamente, las que debilitan a las economías pero más grave aún, las que hacen crecer el poder de los gobiernos frente a los ciudadanos. Que es exactamente lo que pasó cuando el estado, bajo el argumento de considerar que el espectro radioeléctrico era un bien público eliminó su propiedad privada y comenzó a operarlo otorgando permisos arbitrarios.

 

El espectro radioeléctrico

En los años 20 y 30, en los Estados Unidos y la mayoría de los países occidentales, se adoptó un sistema centralizado gubernamental de asignación del espectro. Este enfoque fue criticado por Ronald Coase, Bill Meckling y Jora Minasian tan pronto como 1959 y 1960, en lo que en ese momento fue visto como herejía. Hoy, los economistas han adoptado el enfoque de derechos de propiedad (Noam 1998) y las subastas son ampliamente utilizadas para asignar licencias inalámbricas. Pero el recurso subyacente, el espectro radioeléctrico, continúa siendo asignado administrativamente en todas partes.

 

Tal como señala Thomas Hazlett en The Political Spectrum y contrario a la visión establecida, antes de que existiera la Comisión Federal de Radio (el predecesor de la Comisión Federal de Comunicaciones) el espectro de radio no estaba en caos ni existía una cacofonía de estaciones que emitían señales que ahogaban las transmisiones rivales sino que había un floreciente mercado para la radio AM con cientos de estaciones en operación resolviendo disputas e interferencia basándose en el principio de prioridad en el uso y la ley común. Fue el republicano Herbert Hoover quien puso fin a eso, negándose a cumplir los derechos de propiedad y creando una justificación para el control político de las ondas. En lugar del mercado competitivo e innovador que atendía a los consumidores y donde el único papel del gobierno era imponer y definir los derechos de propiedad, llegó la Comisión Federal de Radio y sus regulaciones. Los innovadores ya no podían ingresar al mercado, muchas estaciones fueron sacadas del aire y en lugar de un sistema de derechos de propiedad negociables, los organismos de radiodifusión tenían que obtener una licencia del regulador, obligados a servir al “interés público”.

 

Sucedió sin embargo que con frecuencia el interés del público fue traicionado por reguladores y lobbistas que se unieron para bloquear las innovaciones. El caso más trágico es la radio FM. Desarrollada en la década de 1930 por el profesor Edwin H.  Armstrong, proporcionó una calidad de sonido sin precedentes usando la banda de 42-50 mhz hasta que se vio obstaculizado por la visión absurda de que la radio FM debía ser reubicada en el cuadrante para evitar la interferencia ionosférica ​​de las manchas solares. Como resultado, el equipo existente de transmisores FM quedó obsoleto de la noche a la mañana. Sólo cuando la FCC aprobó la radiodifusión en estéreo para FM en 1960 (26 años después de que Armstrong demostrara que era técnicamente factible), la FM ganó.

 

No fue sino hasta 1959 cuando Ronald Coase escribió un artículo sobre la FCC que las cosas cambiaron lentamente. Partiendo del hecho que el espectro radioeléctrico ya era considerado bien público y por lo mismo propiedad del estado, en lugar de confiar en los burócratas la aprobación de las tecnologías propuso se dejara que el mercado funcionara. La FCC debía subastar el espectro al mejor postor para incentivar que el espectro se use de la manera más productiva posible y los innovadores simplemente tendrían que comprar los derechos de uso del espectro en el mercado secundario. Burlado en ese momento, el economista británico cambió la manera en que se administraba el espectro y permitió a los consumidores beneficiarse de las nuevas innovaciones tan pronto como fueron descubiertas. Pero está claro que Coase eligió la opción menos mala dado que el gobierno era dueño de todo lo que se considerara bien público; no es que se tratara del óptimo paretiano.

 

Para dar otro ejemplo, la primera generación de teléfonos móviles inalámbricos obtuvo licencias en la década de 1980, aunque la tecnología estaba anunciada ya desde 1945. Obtener esta asignación de espectro se llamó la “guerra de los 30 años” e incluso los reguladores tuvieron que ser demandados por el Departamento de Justicia -en el caso de Estados Unidos-  para que abrieran la concesión de uso del espectro a este fin. Si bien muchos usos todavía dependen de una supervisión reguladora estricta, hoy la mayoría de los países han subastado franjas del espectro que permiten la rápida adopción de teléfonos inteligentes. Es una verdadera victoria para la economía de libre mercado, pero la lucha no ha terminado, ya que el sector público aún atesora grandes secciones de espectro, los derechos que otorga están sujetos a revisión y no pueden transarse en el mercado secundario.

 

El “estándar de interés público”

Pasa que el llamado “estándar de interés público” ha regido la toma de decisiones de política de comunicaciones. Desde principios del siglo pasado, en todos los países los reguladores han creído en la noción errónea de que la supuesta escasez de espectro o la posible interferencia dentro del espectro justifica el tratamiento asimétrico de los proveedores de comunicaciones electrónicas y la asignación arbitraria de derechos precarios. Irónicamente es la misma regulación la que crea escasez e interferencia artificial dentro del espectro. Pero es debido a que los gobiernos implementaron una política de licencias extremadamente ineficiente en los primeros días de la gestión del espectro y luego rechazaron la imposición de un régimen de derechos de propiedad más ordenado para gobernar el espectro que se produjo escasez e interferencia. En lugar de resolver el problema instituyendo propiedad privada -que resolvió los problemas de escasez de tierra y su traspaso siglos atrás- los gobiernos fueron optando por un sistema ineficiente de gestión pública con “el estándar de interés público” como su estrella guía.

 

Dado que en la práctica este estándar ha llegado a significar lo que sea es de interés para los reguladores, el modelo que surgiera hace 70 años les ha permitido ejercer una influencia inusual y exigir que se cumplan demandas especiales como la “doctrina de equidad”, la restricción del desarrollo de la televisión por cable a pedido de las emisoras por aire, el retraso del inicio del video durante más de una década por regulaciones obsoletas o las amenazas de impedir fusiones o alianzas entre empresas sin otro criterio que el suyo.

 

Esta historia debiera dejar claro al menos dos cosas. Primero que el modelo de regulación de interés público desalienta la competencia e innovación, lo que significa que el público tiene menos opciones de calidad disponibles. En segundo lugar, el estándar de interés público se burla de la libertad de expresión especialmente en el ámbito de la comunicación inalámbrica electrónica.

 

El resto es historia. Pero es una historia que no deberíamos olvidar ya que aún vivimos con sus consecuencias adversas. La FCC, y en el caso el Gobierno de Chile, aún utiliza el “estándar de interés público” para restringir los avances beneficiosos de la industria que, a su vez, niegan nuevos servicios al público.

 

Las propuestas de los teóricos de mercado al modo de Eric Posner de precarizar la propiedad violentamente está equivocada, al igual que lo que está el gobierno de Chile en el caso que tratamos. Las regulaciones gubernamentales surgen siempre de la forma en que un economista de la Escuela del Public Choice podría predecir: los reguladores van a querer siempre más discreción sobre la materia a regular; surgirán muchas otras áreas a regular; las empresas se convertirán rápidamente en un grupo de cabildeo que abogue por el “interés público, la conveniencia y la necesidad” convirtiéndose en una fuerza de presión reguladora para detener la entrada y la competencia y la regulación será rápidamente capturada para detener la competencia y, con ella, la innovación.

 

El mercado funciona gracias a la propiedad. Precarizarla en aras de una supuesta  mayor competencia, con todos los efectos y defectos del gobierno interviniendo, es dañino. En materia de comunicaciones la propiedad ya estaba prercarizada en Chile. Pero en el caso de las resoluciones recientes de la Subtel para la asignación de frecuencia y en el fallo de la Corte Suprema en esta materia, ni los derechos emergentes de esa percarización se respetaron. Lo poco que se había entregado de propiedad fue aún más debilitado.

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