Un ex ejecutivo de Sebastián Piñera decide ir a un canal de televisión para señalar que cuenta con grabaciones que revelarían el uso de información privilegiada por parte de Sebastián Piñera en la compra de acciones. La historia tiene más de 10 años, está prescrita y el ejecutivo señala que él no las dará a conocer, a menos que lo obligue la Corte Suprema. Probablemente eso significa que dicho ejecutivo tiene firmada alguna cláusula que lo obliga a mantener en privado las grabaciones. Pero desea entregarlas. Y solicita que se lo exijan.

 

El origen de la voluntad de entregar los audios por parte de Francisco Armanet ha de tener una razón, pero la desconocemos. Lo que no es difícil imaginar es qué pasaría si esos audios fueran conocidos. Es perfectamente imaginable, dado lo que sabemos de las conversaciones en privado de Sebastián Piñera y de lo que comentan los actores del mundo financiero, que el Presidente de Chile no ha de haber sido muy prolijo en la conversación y tal parece que le fue señalado que la compra era inadecuada, lo que fue desechado en ese audio por él. ¿Qué pasa si el hoy Presidente hizo un comentario en contra de las leyes? ¿Qué pasa si hubiese dicho que no le importaba el marco legal? ¿No sería acaso importante para comprender el espíritu conductual que anima al empresario Piñera? No sería primera vez que el Presidente se refiere a las leyes como un obstáculo del emprendimiento. Lo hizo como Presidente de la República, en su anterior mandato, en una conferencia en Harvard. Pero una conducta poco delicada, procaz, como lo fuera hace más de 26 años en el episodio Kyoto; podría herir de manera definitiva la sensibilidad de los chilenos.

 

Los juicios políticos tienen un espíritu y una formalidad. Dilma Rousseff fue destituida bajo una imagen de corrupción, ese fue el espíritu. La irregularidad formal por la que fue destituida no tiene nada que ver, era maquillaje de cuentas públicas para descargar gastos de fondos del Estado y subirlos a bancos públicos. Es como si el Banco del Estado fuera utilizado en Chile para hacer ciertas tareas propias del gobierno y, por tanto, no aparecerían directamente como gasto público. Es una falta menor. Es posible que en Chile incluso ocurra, cuando desde La Moneda le piden al banco que se haga cargo de la entrega de bonos y otros asuntos, cuestión que naturalmente tiene un costo y sobrecarga el servicio del banco, pero que en no pocas ocasiones se hace con cargo a fondos del banco. En resumen, lo que se buscó fue un tecnicismo, ni siquiera se molestaron en buscar un caso de corrupción propiamente tal. Aunque ese era el espíritu, prefirieron avanzar por un tema menor. Pasó hace años en Chile en la destitución de Yasna Provoste en el Ministerio de Educación, quien había cometido las mismas faltas (orgánicas, es decir, imposibles de evitar) a las de todos los ministros de educación en el ejercicio de su labor, pero su visión y cierta rigidez negociadora la hicieron objeto de un proceso que terminó en su salida del ministerio. La derecha luego reconoció el ‘error’ cuando fue destituido Harald Beyer y pusieron como ejemplo ambos casos. Pero la conciencia del error parecía haber llegado solo en la derrota.

 

¿Es el posible delito de Sebastián Piñera una causal potencial de un impeachment para el actual mandatario? Si bien el delito está prescrito en Chile, no lo está en otros lugares del mundo donde el delito es pertinente. Plantea esto una dificultad evidente: la vulnerabilidad política del Presidente de Chile. Un gobierno externo puede amedrentarlo, presionarlo, chantajearlo fácilmente. Es cierto que quienes pueden amenazarlo son aliados, pero en política una reducción radical del propio poder es y será un problema, sea quien sea la contraparte. No es imaginable que Donald Trump, uno de los mejores negociadores que conoce la historia actual, no vaya a poner al menos sobre la mesa el tema en algún momento, privadamente primero, pero incluso por twitter después.

 

Sebastián Piñera se ha tornado vulnerable. No es solo un problema ético, del cual los chilenos se han operado. Todos sabemos que esa grabación, en el estilo de Piñera, contiene no solo un potencial delito, sino además una serie de formas que probablemente hablan del escaso ánimo societario de Piñera con sus socios de entonces y, por qué no decirlo, es altamente probable que haya alguna referencia que infravalore el marco legal. Es probable. Es algo que se conoce del Presidente en el mundo financiero. El punto es que puede ocurrir que esas grabaciones salgan a la luz y el Presidente pierda el beneficio a la duda de la ciudadanía. Porque es sin duda eso todo lo que tiene respecto a la ética: el beneficio de la duda. Mientras tanto, políticamente el Congreso Nacional debe evaluar la situación: el Presidente tiene una vulnerabilidad que puede afectar los intereses de Chile.

 

 

FOTO: RODRIGO SAENZ/AGENCIAUNO