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Publicado el 10 de septiembre, 2018

La maraña kafkiana que afecta a los damnificados de Santa Olga que aún les impide levantarse tras los incendios

Autor:

Emily Avendaño

Vecinos que han tenido que recolectar firmas para comprobar que vivían en la zona; errores y poca claridad en las fichas que llenaron los afectados tras el desastre, y falta de coordinación entre las instituciones que atendieron la tragedia, son parte de la realidad que se vive en el Maule. Ya la Contraloría detectó falsos damnificados, y la Fiscalía y el CDE investigan las irregularidades.
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Emily Avendaño

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Santa Olga se tiñó de gris. El fuego extinguió el verde y se llevó consigo la paz de sus habitantes y la tranquilidad de ser dueños de un hogar. La tragedia trascendió el incendió. La angustia de sus pobladores se prolonga mucho más allá del momento en el que se apagó la última flama. Hubo quienes nunca cobraron los subsidios que creó el gobierno para paliar la emergencia. Así como también hubo falsos damnificados que recibieron ayudas aun cuando no debían hacerlo.

Un informe de la Contraloría General de la República da cuenta de una sucesión de malas decisiones y fallos administrativos que llevaron a favorecer a unos en detrimento de otros. Una auditoría de los bonos entregados en la localidad muestra que la Intendencia Regional del Maule pagó un total de $34.800.000 a 18 personas que no eran damnificados; y determinó que 27 personas que efectivamente sí poseen esa condición, no habían recibido ningún tipo de beneficio.

El reporte concluyó, además, que hubo falta de control en las nóminas de pago de los Bonos de Apoyo Habitacional Transitorio –conocido como bono de arriendo– y en el de Enseres y Otros Usos. Esto significa que hubo duplicidad de pagos a un mismo beneficiario, traspasos de fondos asociados al Bono de Apoyo Habitacional Transitorio a personas que ya contaban con una vivienda de emergencia, o más de un pago realizado a un mismo núcleo familiar –al jefe de familia y su cónyuge, por ejemplo–. En la atención de la emergencia hubo una falla de origen: los errores en la aplicación de la Ficha Básica de Emergencia (FIBE).

“Hay una ficha amarilla y una blanca”, repiten cual letanía los afectados por el incendio. Emma Jaque llenó la amarilla y nunca llenó la blanca. La primera es la FIBE, a la segunda se le conoce como Ficha 2, que correspondía a una “Evaluación Técnica de Vivienda Emplazada en Sector Afectado”.

Los escombros sustituyeron los cimientos de su vivienda en Los Aromos. Tiene 45 años de edad y desde los 7 vivía en Santa Olga; pero en Los Aromos llevaba poco. Se mudó allí en 2014 al separarse de su esposo. Pese a eso, el sentido de pertenencia era mucho. El día del incendio Jaque aguantó hasta el final echando botellones de agua en la vivienda con la esperanza de que no se quemara. De allí salió directo al hospital con llagas en los pies. “No había nadie a quién pedirle ayuda. ¿Cómo? Si todos estábamos quemados”, recuerda.

Llenó la ficha FIBE a los dos días de la tragedia, en un albergue. “Ese fue el primer error. La llenamos los cuatro juntos. Mi ex esposo y mis dos hijos. Todo por desconocer el tema y en la vorágine no había nadie que nos explicara. Pero ese mismo día lo corregimos. Le dijimos a la señorita que éramos núcleos familiares diferentes y volvimos a llenar la ficha. El problema fue que esa segunda ficha no fue la que quedó registrada en el sistema”, declara.

La consecuencia de ese hecho que parece ínfimo es que Emma nunca recibió el bono de arriendo, y ahora vive en Constitución, en una pieza que paga con su salario como empleada doméstica. En el sitio no tiene baño adentro, ni lavaplatos. Fue en persona a la Contraloría y a la Seremi de Constitución a exigir explicaciones, pero nunca las obtuvo. “Todo lo que me decían se contradecía. No sentía que hubiese apoyo, y nadie me daba una respuesta”. En el camino tuvo que recoger firmas de sus vecinos que avalaran que ella vivía en ese sitio de Los Aromos. “Me pidieron 20 y yo recaudé 50”. También acudió a un abogado que le dio un papel que certificaba que al momento de la tragedia ella se encontraba en el proceso de divorcio.

“El papel blanco –la ficha 2– nunca lo hicimos. A mi ex le devolvieron la casa y yo sigo sin solución habitacional. Luego, me llamaron que estaban investigando. Que tenía que esperar. El gobierno pasado no me dio solución. Ahora espero que este informe sirva para algo porque yo sigo sin solución habitacional”, reclama.

Sobre el llenado de las fichas, el informe de la Contraloría indica que hubo “falta de integridad de la información proporcionada por la Seremi de Desarrollo Social de la Región del Maule” y lo explican porque hubo “aplicación de fichas FIBE por funcionarios no capacitados y/o autorizados”. El texto expresa que 53 de los 217 funcionarios que aplicaron la ficha FIBE no estaban capacitados para cumplir con dicha labor.

En consecuencia, se aplicaron fichas FIBE a personas no residentes en los lugares afectados por los incendios forestales. Encuestaron a personas que si bien eran los propietarios de los inmuebles afectados, no residían en sus viviendas. Esos sitios al momento de los incendios se encontraban deshabitados, arrendados o bien cedidos a cualquier título a otras personas.

También detectaron fallas en la aplicación de la Ficha 2. Este documento tiene como finalidad categorizar los daños sufridos por las viviendas siniestradas, en una escala de 1 a 5, donde 1 es “sin daño” y 5 es “daño no reparable”. En al menos 56 casos, esta ficha fue practicada por funcionarios del Serviu en un lugar distinto al siniestrado.

Sergio Galilea: “La Contraloría no hizo nada por apoyar sustantivamente el esfuerzo de la reconstrucción”

El hollín tiznó las paredes de los pocos muros que lograron permanecer en pie. La aridez se apoderó de Santa Olga y Los Aromos y, pese a todo, en marzo comenzó la reconstrucción. Fueron la Intendencia, la Seremi de Desarrollo Social y el Serviu, todos de la Región del Maule, más la Unidad de Coordinación de Reconstrucción e Información Territorial (UCRIT), dependiente del Ministerio del Interior y Seguridad Pública las entidades responsables de aliarse para atender la catástrofe. No obstante, la Contraloría advierte –y hace énfasis– en que cada entidad veló, en principio, por el cumplimiento de su función específica dentro del proceso en cuestión, sin que existieran instancias de coordinación y retroalimentación entre todos ellos.

Sergio Galilea era subsecretario de Obras Públicas y el 4 de febrero de 2017 la ex Presidenta Michelle Bachelet lo nombró Coordinador Nacional de Emergencia, cargo que ocupó hasta marzo de este año. No ha leído el informe de la Contraloría, pero sí ha escuchado sobre él. En su opinión si se piensa en la magnitud de la tragedia de Santa Olga, que dejó a 979 familias sin hogar, las cifras de falsos damnificados no son significativas.

“Yo no llevaba los bonos, lo hacía la Intendencia. Yo me dedicaba a otros temas, pero estaba informado de los temas generales. Puedo decir que estamos hablando de un conjunto bien limitado de casos. Ya la Intendencia había hecho las denuncias correspondientes a la propia Contraloría y al Ministerio Público por el caso de personas a quienes había que exigirles que hicieran devoluciones o donde se había comprobado algún tipo de suplantación”, argumenta.

“Cuando existe la posibilidad de acceder a una vivienda, siempre hay algún tipo de aprovechamiento, pero en este caso particular se trabajó en una comisión que tenía la Intendencia, y se incluyó a las líderes vecinales de Santa Olga, muy en comunicación con ellas. Ellas mismas certificaban o no las situaciones. Y en conjunto con ellas se veía si efectivamente esa persona pertenecía al hogar en el que estaba. Se hizo con mucho cuidado”, agrega Galilea.

El ingeniero rechaza los cuestionamientos sobre falta de coordinación: “Me parece muy injusto que lo diga la Contraloría que no hizo nada por apoyar sustantivamente el esfuerzo de la reconstrucción, sino demorar los procesos, pero no quiero pelear con nadie”.

Alega que todos los esfuerzos operaron magníficamente y que gracias a eso el 21 de mayo ya habían logrado levantar unas mil viviendas de emergencia en el área rural. “Encuentro muy loable lo que se hizo, pero Chile está lleno de instituciones que dicen babosadas. Esto es un detalle absolutamente menor”. Lo mismo dice sobre los montos de dinero cuestionados cuando se piensa que él tenía a su cargo un presupuesto que rondaba los mil millones de pesos.

“Existían incentivos para poder torcerle la mano al sistema”

Entre el 26 de enero y el 31 de diciembre de 2017, la Intendencia Regional del Maule recibió transferencias de recursos desde la Subsecretaría de Interior por $4.066.200.000 que tenían como fin el pago de estos bonos. La Intendencia pagó a los damnificados la suma total de $3.878.720.100; quedando pendiente un saldo de $187.479.900. Sobre este número la Contraloría ha puesto un asterisco, pues al momento del cierre del informe se desconocía si el monto había sido reintegrado al nivel central –como había sido solicitado– o ejecutado durante el año en curso. El actual intendente del Maule, Pablo Milad, no accedió a ser entrevistado para este reportaje.

A las 27 personas que se determinó que sí eran damnificados, pero no han recibido ayuda se les adeudaría por concepto de los bonos $46.400.000.

El Bono de Apoyo Habitacional Transitorio consiste en un subsidio entregado por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo pagadero en una primera cuota de $400.000 y –en principio– cinco cuotas adicionales de $200.000 mensuales. Sin embargo, las familias que no han recibido una vivienda de emergencia siguen recibiendo esta ayuda que entre los habitantes de Santa Olga se conoce como “bono de arriendo”.

Para recibir este beneficio debían declararse los daños a través de la FIBE, el titular del beneficio sería el jefe de la familia, el pago sería a través de la cuenta RUT de Banco Estado y sería exclusivo para el pago de arriendo, pensión u hostal.

En cuanto al Bono de Enseres y Otros Usos, el informe de la Contraloría declara que no se impartieron instrucciones formales sobre cómo debía realizarse el pago de este beneficio. No obstante, la Intendencia Regional del Maule aprobó una resolución en la que define que se trataba de un aporte que se entregaría una sola vez consistente en $1.000.000, con requisitos similares a los del bono de arriendo.

La Contraloría habría detectado inconsistencias en el envío de listado de beneficiarios a la lntendencia Regional del Maule mediante una planilla de Excel, en un proceso que denotaba “debilidades de control”. También halló ausencia de procedimientos formales para exigir el reintegro de los Bonos de Apoyo Habitacional Transitorio y de Enseres y Otros Usos mal pagados e incumplimiento de procedimiento en el pago de los bonos. Para hacer esta investigación, la Contraloría tomó una muestra de 150 casos de las 1.689 fichas que pertenecían a la comuna de Constitución.

Mónica Sepúlveda, presidenta de la Junta de Vecinos de Santa Olga, afirma que si se hubiesen evaluado todos los casos el número de falsos damnificados ascendería, al menos, a 70. Cuenta que en la zona tienen a adultos mayores que no han recibido ningún beneficio y deben utilizar su pensión para pagar arriendo. “Es necesario que el Estado diseñe políticas públicas efectivas para la atención de las emergencias. Porque lo mismo sucedió con el terremoto y con el tsunami. Y al final terminamos peleando entre vecinos”.

Bernardita Paul es la actual Coordinadora Nacional de Reconstrucción. Señala que desde que asumió el cargo, en marzo de 2018, el primer llamado de atención que le hicieron los vecinos fue justamente el de los falsos damnificados. “Estamos a la espera de las instrucciones que nos dé la Contraloría, respecto a tener que recuperar dinero asociado a personas que no son damnificados que fueron entregados y asignar, de ser necesario, a las familias que no recibieron los bonos correspondientes”. Añade: “No había como pedir documentos, porque se había quemado todo. No había quedado nada. La gente salió con lo que tenía puesto, por lo tanto, existían incentivos para poder torcerle la mano al sistema”.

Agrega que, al momento, las obras en Santa Olga y Los Aromos tienen 51% de avance, con una inversión de 50 mil millones de pesos, de los cuales 40 mil millones los está poniendo el Estado y los otros 10 mil millones el sector privado. Su meta es terminar en el primer semestre de 2020. “Sí se cometieron errores y hay que enmendarlos y seguir adelante”.

Gobernador de Talca: “Hay dos informes entregados por la PDI al fiscal de Constitución”

Seguir adelante significa llevar el caso ante el Consejo de Defensa del Estado. La Gobernación de Talca tiene la responsabilidad de coordinar las acciones y subsanar la ausencia de trabajo mancomunado al que se refería la Contraloría. Asegura Felipe Donoso, gobernador de Talca, que será el Consejo quien indagará por el dinero entregado a estos 18 falsos damnificados y determinará si corresponde una acción penal o civil, dependiendo de cuál sea la acción más eficiente para el caso.

“Hay gente que pudo haber recibido una solución habitacional en el transcurso y se va a ejecutar lo que se determine con Contraloría. Hay un plazo de 60 días el cual vamos a cumplir y no queremos cometer errores. Recordemos que una de las cosas que critica Contraloría es la falta de coordinación entre los estamentos. En eso estamos enfocados en que haya una buena coordinación”, dice Donoso.

Marilyn Bascuñán Reyes recuerda con claridad cómo su vivienda quedó en medio del fuego. El día de la evacuación de Santa Olga mandó a sus dos hijos con una vecina y ella se quedó esperando a su esposo, que ese día se había ido a trabajar desoyendo su consejo y porque él estaba convencido de que Santa Olga no se iba a quemar. Al final el hombre no llegó y ella tuvo que irse al albergue de Constitución. Allí llenó las dos fichas, pero la única ayuda que recibió fue la de enseres.

Ahora tiene una vivienda precaria en Constitución, a la que debe cubrirle el techo con nylon para que no pase el agua cuando llueve y acolchar las paredes con cartón para mitigar el frío. Tampoco tienen baño adentro y el agua a ese sitio de Constitución llega una vez por semana. Su antigua casa ya fue reconstruida, la mira con añoranza porque aún no se la han entregado, pero eso no hace que desista de su reclamo por los bonos de arriendo no entregados. “Lo necesito, qué voy a meter adentro de la casa si no tenemos nada”. Su caso fue presentado en la Intendencia y en Serviu pero tampoco recibió una respuesta. “Es indignante. No les interesa lo que perdimos. Para nosotros es importante. Eran nuestras cosas y nunca las podremos recuperar”.

El caso de los falsos damnificados ahora también se encuentra en manos de la Fiscalía de Constitución. Explica el gobernador: “La investigación de la Contraloría toma una muestra de 150 casos, pero existe la investigación de la Fiscalía, que está en curso. Hay dos informes entregados por la policía de investigaciones al fiscal de Constitución que nos va a dar luces de cuál es la situación. Esa investigación es mucho más amplia, contempla a todos los damnificados y ha sido un estudio bastante profundo de la Fiscalía con la PDI y estamos atentos a los resultados”.

Sobre la reconstrucción, el gobernador describe: “Vamos a tener una población muy bien construida. Vamos a tener calles, veredas, carabineros, un muy buen colegio; pero falta un lugar de trabajo. El llamado también es a la empresa privada para que emprendan o repongan sus instalaciones en el lugar. Esta es una tragedia de largo aliento, que va a durar más de diez años. Cuando se quema un bosque, el bosque se repone recién a los 15 años. Podemos tener labores de plantación, pero no vamos a tener cosechas en un período muy amplio, por eso trabajamos también con el Ministerio del Trabajo y los distintos órganos de fomento para buscar soluciones”.

La reconstrucción ha despertado otras preocupaciones, vinculadas a los “achicamientos” de las áreas de algunos terrenos. Los vecinos han documentado unos 25 casos en los que esto ocurre. La explicación que ofrece Bernardita Paul es la siguiente: “Los terrenos tenían pendientes y al aplanarlos para poder construir bien de manera segura se pierden algunos metros, pero yo lo miro diferente: las familias de Santa Olga y Los Aromos que vivían en una localidad irregular van a vivir en uno de los mejores sectores de Chile”.

Nayaret Álvarez Melo quiere justamente eso para su madre. Una mujer de 84 años con problemas de salud y que ha residido en Santa Olga por más de 40 años. La señora, al ser enferma crónica de un pulmón, fue sacada de la zona cero de los incendios con anticipación y ante los registros del Estado es un “fantasma”. Ningún bono le ha sido asignado, pese a que han llevado el caso a la Fiscalía y a la Contraloría.

Cuando Álvarez recuerda el día del incendio dice que el fuego cambió de dirección. Ambas casas, la suya y la de su madre, quedaron reducidas a cenizas. “Nadie contó con que el viento nos iba a traicionar a todos”. En cuanto al reconocimiento estatal, el viento, nuevamente, les jugó en contra.

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