A menos de una semana de que la ex Presidenta Michelle Bachelet asuma como la nueva Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en Chile volvió el debate sobre las violaciones a DD.HH. ocurridas en el Servicio Nacional de Menores (Sename). Esta vez los dardos apuntaron a la ex ministra de Justicia, Javiera Blanco, quien está siendo cuestionada por una posible manipulación de la cifra de niños y adolescentes fallecidos en los centros del Sename.
La situación, según consignó CNN Chile, se originó tras la muerte de Lissette Villa de 11 años, en el Centros de Reparación Especializada de Administración Directa (Cread) Galvarino, el 11 de abril de 2016. Hecho por el cual el diputado René Saffirio solicitó, a través de un oficio, a Hugo Herrera, en ese entonces director nacional del organismo, que entregara la cantidad total de niños y adolescentes fallecidos entre el 1 de enero de 2005 y el 4 de mayo de 2016, tanto en centros dependientes del Sename como en instituciones privadas financiadas por el Estado.
Si bien en un principio la respuesta enviada por el ministerio de Justicia indicaba que 449 niños, niñas y adolescentes habían muerto durante ese período, Blanco habría tenido una reunión con Herrera para disminuir esta cantidad, eliminando del listado a los mayores de edad y los menores que provenían del sistema de justicia juvenil. De esta forma, el total descendió a 185 fallecidos.
Este no fue el único motivo por el que la ex ministra de Justicia volvía a estar en el blanco de la opinión pública. El 5 de agosto, el fiscal a cargo de investigar la muerte de 878 en el Sename, Marcos Emilfork, señaló a La Tercera que barajaba citar al ex titular de Justicia, José Antonio Gómez, y a la propia Blanco en calidad de imputados por la arista del mal uso de fondos públicos en programa de Aseguramiento de Calidad de las Residencias (Ascar).
La situación de Blanco, fue vista en el mundo de los derechos humanos como parte de una trama más grande relacionada con el Sename y que podría complicar a la ex Mandataria durante su paso por Ginebra.
Esto, por la destitución de Branislav Marelic de su cargo como director del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), en enero de este año. Justo cuando abogado intentaba publicar un informe elaborado por la institución sobre las violaciones a DD.HH. en los centros del Servicio Nacional de Menores.
Las tensas sesiones en el INDH
El abogado Branislav Marelic asumió como director del INDH en agosto de 2016 en reemplazo de Lorena Fríes y según comentan fuentes al interior del instituto, su arribo no fue fácil. «Hay mucha resistencia a que nuevas generaciones tengan protagonismo en temas de DD.HH.», señaló en abril de este año, Marelic en entrevista con The Clinic. Con esto, hacía referencia a que al interior del consejo de la institución predominan miembros que tienen una historia común: la defensa de los derechos humanos durante la dictadura.
Según comentan fuentes del mundo de los DD.HH. esto habría generado una diferencia en los enfoques que tenía el ex director del INDH y la mayoría de los miembros del consejo. Y quedó de manifiesto cuando el abogado comenzó a impulsar una misión de observación en materia de infancia bajo custodia del Estado, algo que generó un verdadero enfrentamiento durante las reuniones.
Así da cuenta el acta 326, en la sesión del 17 de octubre de 2016. En ella, la consejera Carolina Carrera cuestionó la metodología propuesta por Marelic que apuntaba a visitar la mayor cantidad posibles de residencias del Servicio Nacional de Menores y entrevistar a los menores para saber de primera fuente si sufrían violaciones a sus derechos. Carrera argumentó que no consideraba pertinente visitar todos los centros del Sename -algo que al final no se realizó- por un tema de costos, también cuestionó que hablar directamente con los niños y adolescentes podría generar un proceso de revictimización y que la metodología del director del INDH era más de un estudio académico que de una misión de observación.
Un semana después, en la reunión del lunes 24 de octubre, la consejera Consuelo Contreras, quien es fundadora de la Corporación Opción -organismo colaborador del Sename-, retomó el argumento iniciado por Carrera y apuntó que lo aprobado por el consejo era una misión de observación y no un estudio. En dicha reunión también señaló que su institución no tenía residencias, ya que prestaba solo servicios ambulatorios, y que por lo tanto, no se inhabilitaría por no tener conflictos de interés. Otra consejera que se sumó a las críticas contra contra Marelic fue Debbie Guerra, quien se integró al consejo en julio de ese año nombrada por la en ese entonces Presidenta Bachelet. Guerra señaló en la sesión que le preocupaba la expertise de los profesionales externos encargados de recopilar la información.
Según quienes conocieron este proceso, esta fue la tónica de muchas otras sesiones. Una votación que dio cuenta de esto sucedió en la reunión del 19 de diciembre de 2016. Según consigna el acta 337, que consta de 18 páginas, una extensión poco usual en los documentos revisados y que da cuenta del largo debate que produjo, Guerra estuvo en contra de incluir entrevistas a menores internados en el servicio, mientras que las consejeras Romero, Carrera y Margarita Romero se abstuvieron de dar una postura.
En ese punto las relaciones entre el director del INDH y las consejeras ya no era buena. Según consta en el acta 343, de la sesión del 23 de enero de 2017, Contreras se quejó por por el clima existente entre ellas y Marelic. La fundadora de Corporación Opción consideraba que en varias ocasiones el trato por parte del director hacia las consejeras no había sido el adecuado y argumentaba que si bien el abogado podía no estar de acuerdo con las críticas que realizaban, debía escucharlas de forma empática y con respeto. Fue en esta reunión en que se aprobó el instrumento de medición de la misión de observación de los menores internados en centros del Sename, con los votos en contra de Guerra, Contreras, Romero y Guerra.
Ese año se comenzaron a recopilar distintos antecedentes sobre las violaciones a derechos humanos ocurridos en la institución.
La investigación que podría dejar al INDH al nivel de Venezuela y Honduras
Según cuentan quienes conocen el proceso que en ese momento se desarrolló en el INDH, el avance en el informe sobre las violaciones a los derechos humanos generó alerta en el mundo bacheletista. El tema podría ser visto como una «mancha» en su historial para optar al cargo de Alta Comisionada. Incluso, en una de las sesiones, una consejera habría mencionado que Ana Lya Uriarte, jefa de gabinete de Michelle Bachelet, había manifestado su preocupación por el informe sobre el Sename.
A fines de octubre de 2017, el Comité de Derechos del Niño de la ONU se contactó con el gobierno para anunciar que visitaría 11 centros del Sename. Ante dificultades que encontró la delegación para hacer su trabajo, se comunicaron con Marelic, quien los asesoró para que pudieran llevar a cabo su fiscalización. Incluso, llegó a tener preparado un equipo jurídico en caso de que las residencias se negarán a abrir sus puertas al equipo de las Naciones Unidas. La visita se realizó durante una semana y, pocos días después el director del INDH fuera destituido.
El 15 de enero, el consejo tenía contemplado que en la reunión de ese día se debía aprobar el informe elaborado por el organismo. No obstante eso no se llevó a cabo, ya que se realizó una sesión extraordinaria en la que se removió a Marelic de su cargo, aduciendo un notable abandono de deberes, con la aprobación de 8 de los 11 miembros del consejo. En su reemplazo fue elegida Consuelo Contreras.
Debido a la bullada salida de Marelic, los focos se centraron en el trabajo que el INDH había hecho sobre el Sename, de ahí que no se habría podido retrasar más su publicación. Finalmente el documento salió el 24 de enero. Pero ni así, las cosas se calmaron. Dos días después de su destitución, Marelic dijo a The Clinic: «No tengo duda que mi despido es porque me metí con el Sename». El texto del Instituto Nacional de Derechos Humanos sirvió de base para el informe que elaboró el Comité de la ONU tras su visita al país en el que señaló que «el Estado es directamente responsable de las violaciones llevadas a cabo» en los centros de la institución.
El 4 de abril, la Corte de Apelaciones de Santiago acogió el recurso de protección presentado por el ex director del INDH por su destitución. El tribunal señaló que la remoción fue un acto «ilegal y arbitrario, debiéndose dejar sin efecto todo acto posterior que suponga, por su través, la validez del acto de remoción del recurrente». Decisión que fue apelada por el organismo que recurrió a la Corte Suprema, lugar en donde se encuentra actualmente la causa.
Desde algunas organizaciones de derechos humanos la reacción fue inmediata. Un grupo de ellas, encabezadas por la ONG Emprender con Alas presentó un recurso a la Alianza Global de las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (Ganhri, por su sigla en inglés), órgano que colabora con las Naciones Unidas en la acreditación de los Institutos de DD.HH. del mundo de acuerdo a los Principios de París, para que se pronunciara sobre la destitución de Marelic.
En la sesión de mayo la entidad internacional decidió iniciar una revisión especial del caso. Y a mediados de agosto, la Ganhri terminó de recopilar los antecedentes que diversas organizaciones de la sociedad civil le hicieron llegar.
Se espera que en octubre, que el organismo defina si la remoción de Marelic violó o no el artículo 16.2 de su estatuto que hace referencia a la independencia del INDH respecto al Ejecutivo. De constatarse que hubo intervención en la destitución del abogado, el Instituto Nacional de Derechos Humanos podría perder su máxima categoría de acreditación, clase A, que ostenta desde 2013, y descendería a la categoría B, que solamente tienen en Latinoamerica Venezuela y Honduras.