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Publicado el 26 de marzo, 2018

Un nuevo trato para la niñez y la adolescencia

Investigadora, Centro de Estudios Bicentenario y Centro de Extensión y Estudios USS Monserrat Risco
Este acuerdo necesita hoy convertirse en respuestas prácticas, como la identificación precoz de situaciones de riesgo para los menores; un trabajo extendido en las comunidades vulnerables, con un trato que no los estigmatice.
Monserrat Risco Investigadora, Centro de Estudios Bicentenario y Centro de Extensión y Estudios USS
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En la encuesta CADEM del 19 de marzo la reforma al Sename apareció como el segundo tema más mencionado por los encuestados en relación a las prioridades que debería tener el nuevo gobierno del Presidente Sebastián Piñera. Sumado a esto, el anuncio de un Gran Acuerdo Nacional por la Infancia muestra la transversalidad y urgencia del tema. Sin embargo, desde el estallido de la última crisis en el Servicio Nacional de Menores, luego de la muerte de Lissette Villa en 2016, no se han podido vislumbrar soluciones claras para las carencias que día a día sufren los niños, niñas y adolescentes (NNA) que son parte del sistema.

Recientemente se han publicado dos libros en relación al Sename. Uno de ellos es el de Rosario Moreno, quien en conjunto con estudiantes de Periodismo UDD entrevistó a niños y jóvenes que viven o vivieron en alguno de los centros, como también a jueces de familia, funcionarios y gendarmes. En Huellas imborrables (Planeta, 2018) se encuentra uno de los testimonios más categóricos respecto a aquella realidad al señalar que ni la peor película de terror se parece a esto: juegos sexuales a temprana edad, maltrato físico y psicológico, encierro en pequeñas celdas para los “malportados”. La lista suma y sigue en cuanto al precario trato que tienen los menores derivados a estos centros.

Sin embargo, no podemos quedarnos en el escándalo, que ciertamente nos debe producir leer testimonios como aquellos. El segundo libro relevante para la discusión pública es La infancia vulnerada, editado por Libertad y Desarrollo y la Fundación Miguel Kast (2018), en el cual un grupo de investigadores de ambas instituciones realizaron un minucioso trabajo para, en primer lugar, identificar virtudes y falencias del sistema, así como también vislumbrar algunas respuestas que los NNA necesitan con urgencia.

Una de las autoras es la subsecretaria de la Niñez, Carol Bown, quien con muchísima claridad señaló el 13 de marzo en Vía Pública que lo que hoy se discuten son “mínimos muy básicos”, como lo es hablar de que “ya no se pueden seguir muriendo niños”. Esto acusa que realmente Sename es un síntoma de una falla sistémica que como sociedad no hemos podido resolver: el trato con la niñez y adolescencia.

El Gran Acuerdo Nacional por la Infancia anunciado por el presidente Piñera el 11 de marzo contempla diez puntos. El más destacable es el reemplazo del actual Sename por dos nuevas instituciones: el Servicio de Protección de la Infancia y la Niñez, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social; y el Servicio de Responsabilidad Adolescente, dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Este primer paso es clave para el nuevo trato con menores, puesto que uno de los grandes problemas del sistema actual es que hay niños que entran en primera instancia por protección y reingresan por actos delictuales. Los nuevos servicios están orientados al seguimiento de los NNA, así como también de su reinserción en la sociedad, ambos elementos inexistentes el sistema actual.

La propuesta de un acuerdo nacional muestra que hoy, con suma urgencia, la infancia y la adolescencia se han convertido en un tema transversal. Sin embargo, el debate no ha estado a la altura. No podemos olvidar el insólito rechazo a la Comisión Sename II por parte de los diputados de la Nueva Mayoría en 2017. Este acuerdo necesita hoy convertirse en respuestas prácticas, como la identificación precoz de situaciones de riesgo para los menores. A lo que debemos apuntar es a un trabajo extendido en las comunidades vulnerables, con un trato que no los estigmatice.

Además de la profesionalización de los servicios relativos a infancia y adolescencia, lo que requerimos es acción inmediata, pero de manera intersectorial. Esto es que tanto los ministerios de Justicia y Derechos Humanos, Desarrollo Social, Educación, Vivienda y Salud puedan elaborar un conjunto una hoja de ruta, con propuestas viables y una adecuada ejecución de ellas. De esta manera, podemos atacar los principales problemas: vulneración de derechos, ausentismo y deserción escolar, salud mental, entre otros. Los niños y adolescentes de Chile no pueden esperar largas discusiones parlamentarias, sino que necesitan respuestas, rápida y eficaces.

La sociedad civil ha de jugar un rol importante en la elaboración de un nuevo trato con la niñez y la adolescencia. No podemos esperar que ocurra otra tragedia como la de Lissette Villa para escandalizarnos y exigir respuestas. Debemos ser proactivos con el cuidado de nuestros niños, en lo que existen diversas manifestaciones a las que podemos sumarnos. La más importante es defender y promover el rol de la familia. Tanto si se es familia de acogida o familia que busca adopción, es imprescindible que exista una red de acompañamiento y apoyo para quienes han decidido proteger a menores vulnerables. Por otra parte, incentivar la educación temprana, siendo un componente clave para la igualdad de oportunidades y desarrollo integral de los niños de Chile.

Por último, este tema debe ser la primera prioridad a la hora de elaborar políticas públicas, como así lo demanda la ciudadanía. Llegó el momento de pasar de la indignación a la responsabilidad.

 

Monserrat Risco, investigadora Centro de Estudios Bicentenario

 

 

FOTO: LEONARDO RUBILAR CHANDIA/AGENCIAUNO

 

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