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Publicado el 07 de enero, 2018

Respetar al pueblo debiera ser el criterio

Consultor de empresas Jaime Jankelevich
En la hora undécima, el gobierno estará enviando nuevos proyectos al Congreso. Lo que se olvida en la Moneda es que el continuismo de sus reformas fue ampliamente rechazado el 17 de diciembre.
Jaime Jankelevich Consultor de empresas
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El gobierno, a través de sus múltiples voceros, nos recuerda que tiene un mandato soberano que termina el 11 de marzo de 2018, y se nos dice que a partir de esa fecha el nuevo gobierno podrá desarrollar las iniciativas que estime conveniente. Pero hasta entonces seguirán adelante con su agenda, cueste lo que cueste, incluso imponiendo horas extraordinarias al trabajo parlamentario.

Nadie pone en duda que el mandato del actual gobierno termina el 11 de marzo, pero una cosa muy distinta es intentar dejar amarradas nuevas reformas, algunas muy relevantes, a sabiendas de que el pueblo soberano decidió que no quería a Alejandro Guillier, quien era el continuador de las políticas e ideas implantadas por Michelle Bachelet. Ese solo hecho debiera hacer meditar a Palacio, para no enviar nuevos mensajes que, de ser aprobados por aplanadora, atentarían contra la voluntad popular.

Adicionalmente, el Congreso que termina el 11 de marzo es muy diferente al que elegimos el 19 de noviembre, por lo que ya no representa lo que el país desea. Muchos parlamentarios dejan sus cargos, otros no fueron reelectos y nuevas caras asumirán en dos meses más. ¿Es tan difícil para el gobierno asumir estos dos fundamentales cambios recientes y, mostrando prudencia, respetar la decisión del pueblo?

A modo de generar una reflexión, quiero comentar lo sucedido en Inglaterra antes de las elecciones de junio de 2017. Ocurrió que el 7 de mayo debería haberse publicado un informe de los ministros sobre el itinerario del cambio en el sistema de pensiones de dicho país, después de que se realizó una revisión independiente del tema durante un año, encargada por el gobierno. No obstante, el Departamento del Trabajo y Pensiones comunicó que no podía tomar decisiones de largo plazo antes de las elecciones generales del 8 de junio, porque hacerlo podría romper la convención que aplica durante el período pre-eleccionario.

La declaración referida al informe sobre las pensiones decía: “Es un tema crucial para la administración de largo plazo tanto de las finanzas públicas como del ahorro de los individuos; por lo tanto, es importante que la política sobre pensiones sea hecha por el gobierno con el poder de actuar sobre dicha política, que ahora será del gobierno que se forme después de las elecciones”, concluyendo que “la demora incurrida en la espera para publicar el reporte no tendrá un impacto que cause detrimento en el público”.

Lo interesante además de este episodio es que el gobierno de Theresa May, que estaba en ejercicio al momento de dicha declaración, fue reelecto, demostrándonos con ello un nivel de madurez política envidiable.

Desde mi punto de vista, sería muy conveniente que el gobierno actual, en un acto de prudencia política que sería aplaudido por todos, decidiera abstenerse de enviar nuevas iniciativas legislativas a poco de terminar el actual período, porque sacar reformas a última hora, por el hecho de contar con una mayoría más que circunstancial hoy en día, sería una pésima señal para nuestra democracia, que espera de sus gobernantes altura de miras, pensando en el bien superior de Chile.

 

Jaime Jankelevich, consultor de empresas

 

 

FOTO: PABLO OVALLE ISASMENDI/AGENCIAUNO

 

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