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Publicado el 21 de marzo, 2018

Quién tiene la palabra

“Acuerdos” es la idea fuerza en torno a la cual el gobierno desea estructurar la agenda nacional y su propio relato. A diferencia de su antecesor, ha dado claras señales de querer recuperar este vocablo y su sentido dialogante. Es una operación semántica llena de riesgos.
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La política ha sido siempre, además de una contienda por el poder y la influencia institucional, una disputa por el sentido de aquellas palabras consideradas de valor estratégico en el espacio público.

En la época de Kant y de la Ilustración, esta disputa se dio en torno al sentido de la razón frente a la fe; si aquella era la sirvienta de ésta, llevándole la cola de su vestido o, al contrario, iba al frente llevando la luz de una vela para iluminar el camino. ¡Así nacieron las Luces!

Desde entonces Occidente o, más bien la modernidad occidental, ha encarnado un proyecto de la razón. Ha puesto por delante de la historia, dicen algunos, los ideales de libertad, igualdad y fraternidad humanas, ideales propios de una razón emancipadora. Por el contrario, contraponen otros, la razón occidental ha empujado un proyecto basado en el capitalismo, las burocracias y el desencantamiento del mundo. O sea, su secularización y tecnificación, desarrollando al máximo aquello que Max Weber, el gran maestro de la sociología europea, denomina la capacidad y aptitud del hombre y la mujer modernos para adoptar “determinados tipos de conducción de vida práctico-racional”, ideal propio del trabajo metódico, productivo, eficiente, continuo y dedicado.

Como sea, si nos trasladamos abruptamente del terreno de las luchas sobre el sentido de la macro historia de la modernidad occidental, a la micro historia de nuestras batallas locales, observamos confrontaciones similares.

Así, por ejemplo, ¿cuál es el significado de la palabra “legado”? ¿Es, como postulan algunos, refundación, cambio de paradigma o modelo, corrimiento de los cercos, expansión de los derechos, reivindicación del papel de la mujer, diálogo comunitario; en fin, mayor igualdad, libertad y fraternidad? ¿O es, por el contrario, como pareció confirmarse durante los días y (¡horas!) finales de la administración Bachelet, una herencia que mezcla precipitación y chapuza (trabajo hecho mal y sin esmero), excesiva retórica y escasa gestión; en breve, una marcada ausencia de aquellos determinados tipos de conducción de vida práctico-racional?

¿El legado es la auto-inmolación de la Nueva Mayoría o el germen de una nueva izquierda? ¿Es el fin de una ilusión o el nacimiento de una nueva esperanza? En el fondo, ¿más de lo mismo —v.g. capitalismo, burocracia y desencantamiento del mundo— o bien algo de verdad distinto, un legado socialdemócrata que desde ya apuntaría hacia otro modelo de organización de la sociedad, menos neoliberal, menos competitivo, segmentado y abusivo?

Ya ven ustedes, las palabras importan. ¡Y mucho!

También una nueva administración trae consigo nuevas palabras o sentidos distintos para reemplazar los antiguos significados y usos, como en la parábola del vino nuevo en viejos odres. Se intensifica así la lucha en el campo semántico.

El nuevo ministro de Educación, por ejemplo, declara que la educación no es un bien libre —o sea gratuito, como el aire o la luz del cielo—, sino un bien económico, con costo y beneficios. O sea, Economía 101. Ayer todavía, la calle estudiantil se habría estremecido frente a la declaración de tal obviedad. Ahora, casi no hubo reacción bélica. ¿Significa que el cerco volvió a retroceder?

¿Y qué ocurre con “lucro”, “terrorismo”, “concesiones hospitalarias”, “modernización” y tantos otros términos hasta ayer tabú? ¿Cambian de sentido y ganan o pierden legitimidad y valor estratégico? ¿Reingresan al mercado de las ideas? ¿Se levanta su prohibición o destierro?

Como decíamos la semana pasada, durante los primeros diez días de la administración entrante, “acuerdos” es su lema, idea fuerza, la palabra clave en torno a la cual el gobierno desea estructurar la agenda nacional y su propio relato. Habrá cinco grandes acuerdos, ha declarado. Y probablemente muchos otros a su alrededor. A diferencia de la anterior administración, que había desterrado de su vocabulario este término tan característico de los antiguos gobiernos de la Concertación, la actual administración ha dado claras señales de querer recuperar este vocablo y su sentido dialogante, reformista, apaciguador de las diferencias, tolerante y constructivo.

Es una operación semántica llena de riesgos, sin duda. Pues si el gobierno no logra transformar el sentido de este término axial, o sea producir acuerdos concretos que sirvan para recuperar su valor democrático y social, aquel mantendrá sus resonancias negativas (cocina, negocio, oscuridad, elitismo, abuso, sospecha) y dañará la imagen de efectividad que el gobierno reclama como su principal capital. Las promesas no cumplidas, mientras más se proclaman, más dañan.

En suma, las palabras consideradas estratégicas en el espacio público y su sentido —siempre contestado y en disputa— son un aspecto central de la política. Igual como el paso de lo antiguo a lo moderno puede verse como una lucha cultural entre palabras claves y su transformación, también el tránsito de una administración a la siguiente, aunque más modesto, representa una batalla por el sentido dentro de la polis. Y esto, obligadamente, lleva a preguntarse quién tiene la palabra, cómo la dota de sentido y cuál es su uso en el marco de la deliberación democrática.

Octavio Paz iba incluso más lejos. Según sostiene en El Mono Gramático, “vamos y venimos: la realidad más allá de los nombres no es habitable y la realidad de los nombres es un perpetuo desmoronamiento, no hay nada sólido en el universo, en todo el diccionario no hay una sola palabra sobre la que reclinar la cabeza, todo es un continuo ir y venir de las cosas a los nombres de las cosas…”.

Nadie tiene la última palabra.

 

José Joaquín Brunner, #ForoLíbero

 

 

FOTO: CRISTOBAL ESCOBAR/AGENCIAUNO

 

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