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Publicado el 29 de marzo, 2018

Negación y obstrucción

Con sus acciones de los últimos días, la izquierda ha continuado en un estado de negación que desconoce los resultados de las elecciones presidenciales y pretende seguir gobernando.
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La oposición al gobierno de Sebastián Piñera ha mostrado esta semana una nueva cara. Mediante sendas ofensivas comunicacionales ha pretendido, de manera ilegítima según demostraremos, oponerse al ejercicio de las potestades del Poder Ejecutivo y el Tribunal Constitucional.

En relación al proyecto que autoriza el aborto en tres causales, que fuera aprobado recientemente en el Congreso, se requirió al Tribunal Constitucional un pronunciamiento sobre varios aspectos de él. En un fallo de mayoría, el tribunal no acogió los requerimientos que perseguían declarar inconstitucional el proyecto, en cada una de las tres causales que habilitan para practicar un aborto. No obstante, sí acogió el reclamo por la negativa de los legisladores a aceptar que determinados establecimientos, por razones de conciencia, no incluyeran entre sus prestaciones el aborto.

El Ministerio de Salud, en el protocolo que reglamenta  la ley, incluyó una disposición que castigaba a las instituciones que hicieran prevalecer la objeción de conciencia decretada por el TC (y a los pacientes que quisieran atenderse allí), señalando que no podrían celebrar convenios con el Estado. Dicho protocolo, que excedía completamente lo establecido por la ley, motivó un recurso de protección de la Pontificia Universidad Católica.

Asumido el nuevo gobierno, el Ministerio de Salud decidió modificar el protocolo, excluyendo de él la prohibición de celebrar convenios con el Estado a aquellas instituciones que hicieran ejercicio de la objeción de conciencia. La Universidad Católica, en vista de ello, se desistió del recurso de protección.

La decisión del gobierno del Presidente Piñera, que hizo uso de su potestad reglamentaria y vino a corregir el exceso cometido por el Minsal en el protocolo anterior, provocó la reacción de una serie de personeros del gobierno saliente. Lo que puede colegirse de ello es que la izquierda está aún en una etapa de negación de su derrota en las elecciones presidenciales, pues pretende seguir dictando la pauta de cómo debe conducirse el Poder Ejecutivo. El infortunado fin de la administración Bachelet, que a última hora mediante actos administrativos bochornosos pretendió dejar amarrados una serie de temas, se ha extendido ahora a la administración de su sucesor con la insólita pretensión de seguir gobernando.

A este caso se ha sumado la acción para desconocer el fallo del Tribunal Constitucional que declaró inconstitucional el artículo 63 de la Ley de Educación Superior. Dicho precepto establecía la prohibición de que entre los controladores de una universidad se encontrara una sociedad con fines de lucro. Otra vez, la izquierda hacía aquí una interpretación abusiva de la potestad legislativa, al pretender que la prohibición de lucrar de una universidad se extendía a la naturaleza jurídica de sus controladores.

Para ponerlo claro: de acuerdo a la ley aprobada, una universidad no puede lucrar, de modo que sus controladores no podrían extraer excedentes, si los hubiera, del plantel de educación superior. La ley tomó una serie de resguardos para hacer efectiva esta prohibición, entre ellas sanciones tales como multas y otras de mayor gravedad que incluso hacen peligrar la subsistencia de un plantel. No contenta con ello, la ley crea una Superintendencia de Educación Superior cuya misión es, justamente, controlar el cumplimiento de esta prohibición y revisar todas las operaciones relacionadas que hubiere entre la universidad y sus controladores. Mienten, entonces, quienes señalan que el fallo del Tribunal Constitucional permite lucrar a las universidades. Distinto es que entre sus controladores haya instituciones con fines de lucro, lucro que, como es obvio, no puede obtenerse de la actividad universitaria.

La ofensiva de la izquierda ha sido esta vez encabezada por la ex Presidenta Bachelet, quién ha salido a criticar la resolución del Tribunal Constitucional. Ello parece haber derribado incluso las inhibiciones de algunos políticos de izquierda habitualmente sensatos, quienes han repetido que el fallo del Tribunal Constitucional permite el lucro en las universidades. Ello es manifiestamente falso y repetirlo denota deshonestidad intelectual.

Los dos casos que hemos comentado han hecho revivir las críticas de la izquierda al Tribunal Constitucional. Se insiste en que este órgano colegiado estaría pasando por encima de las atribuciones del Congreso cuando objeta alguna ley. Esta crítica hace ver un problema de entendimiento acerca de lo que es una democracia.

Es cierto que un sistema democrático descansa sobre la soberanía popular, pero ella se ejerce en el marco de un Estado de derecho que debe proteger a las minorías, como lo hace nuestra Constitución. Si una mayoría puede hacer cualquier cosa con la minoría, estamos en una sociedad fascista.

Con sus acciones de los últimos días, la izquierda ha continuado en un estado de negación que desconoce los resultados de las elecciones presidenciales y pretende seguir gobernando. Se ha agregado a esa actitud la decisión de obstruir la acción del gobierno legítimo de nuestro país. Ello es inaceptable para quienes conforman la mayoría que le dio el mandato al Presidente Sebastián Piñera.

 

Luis Larraín, #ForoLíbero

 

 

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