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Publicado el 11 de febrero, 2018

La pena de muerte y la Iglesia Católica

¿Cuándo sería eventualmente aplicable la pena de muerte? Cuando un Estado admite que ha fracasado y que no es capaz de poner al injusto agresor en  situación de no volver a causar daño a la sociedad.
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A propósito del horrendo asesinato de la pequeña Sophia se ha reavivado en nuestro país la discusión sobre la pena de muerte abolida en 2001, causando polémica la petición de reposición realizada por algunos parlamentarios. Como era de esperar, las opiniones están divididas.

¿Cuál es la posición “oficial” de la Iglesia Católica al respecto? El Magisterio de la Iglesia no la descarta como recurso de legítima defensa ante un injusto agresor, sin embargo, considera al menos claramente desde Juan Pablo II innecesaria su aplicación: “La enseñanza tradicional de la Iglesia no excluye, supuesta la plena comprobación de la identidad y de la responsabilidad del culpable, el recurso a la pena de muerte, si ésta fuera el único camino posible para defender eficazmente del agresor injusto, las vidas humanas. Pero si los medios incruentos bastan para proteger y defender del agresor la seguridad de las personas, la autoridad se limitará a esos medios, porque ellos corresponden mejor a las condiciones concretas del Bien común y son más conformes con la dignidad de la persona humana”. (Catecismo 2267)

Los tres últimos pontífices se han manifestado claramente contrarios a su aplicación. Juan Pablo II afirmó en su homilía en el Trans World Dome (1999) que “es un signo de esperanza el creciente reconocimiento de que la dignidad de la vida humana no debe ser nunca arrebatada, ni siquiera en el caso de los que han hecho un mal enorme. La sociedad moderna cuenta con los medios para protegerse a sí misma, sin necesidad de negar a los delincuentes la oportunidad de rehabilitarse”, y agregó que su aplicación es “cruel e innecesaria”. Benedicto XVI también en diferentes ocasiones abogó por su derogación. A los participantes del Congreso de la Comunidad de Sant’Egidio (2011), cuyo tema era “No hay justicia sin vida”, los exhortó a que pudieran, mediante sus actividades, favorecer “las iniciativas políticas y legislativas promovidas en un mayor número de países para eliminar la pena de muerte y continuar los progresos sustanciales realizados conforme al derecho penal”.

El Papa Francisco ha ido más lejos y ha propuesto indirectamente eliminar el número 2267 del Catecismo: “En este horizonte de pensamiento quiero hacer referencia a un tema que debería encontrar en el Catecismo de la Iglesia Católica un espacio más adecuado y coherente con estas finalidades concretas (…). Pienso, de hecho, en la pena de muerte. Esta problemática no puede ser reducida a un mero recuerdo de enseñanza histórica sin hacer emerger no sólo el progreso en la doctrina y obra de los últimos Pontífices, sino también en la cambiante conciencia del pueblo cristiano, que rechaza una actitud concordante ante una pena que socava en gran medida la dignidad humana (…). Debemos afirmar con fuerza que la condena a la pena de muerte es una medida inhumana que humilla, de cualquier modo sea perseguida, la dignidad personal. Y es en sí misma contraria al Evangelio, porque se decide voluntariamente suprimir una vida humana que es siempre sagrada ante los ojos del Creador y de la que sólo Dios en una última análisis es verdadero juez y garante”, (Discurso pronunciado con ocasión del XXV aniversario de la Constitución Apostólica Fidei Depositum, 11.10.2017). Anteriormente, en 2015, ante el Congreso de Estados Unidos pidió “la abolición global de la pena de muerte”.

En síntesis, la Iglesia Católica distingue entre “el principio” –o sea, la pena de muerte en sí misma, cuyo fundamento se remonta Al Antiguo Testamento y a la doctrina de Tomás de Aquino (entre otros)– y “la aplicación” del principio. ¿Cuándo sería eventualmente aplicable la pena de muerte? Cuando un Estado admite que ha fracasado y que no es capaz de poner al injusto agresor en  situación de no volver a causar daño a la sociedad. Lo que busca la pena de muerte, en este contexto, no es la venganza, ni la ejemplaridad, sino la defensa de las personas y, por extensión, el Bien común.

En virtud de ello, no es la Iglesia Católica, sino cada Estado prudencialmente quien determinará si debe aplicarla o no. La constatación es que existe “tanto en la Iglesia como en la sociedad civil, una tendencia progresiva a pedir una aplicación muy limitada e, incluso, su total abolición” (Evangelium vitae, 56).

 

Eugenio Yáñez, filósofo y vocero de Voces Católicas

 

 

FOTO: MARIO DçVILA HERNANDEZ/AGENCIAUNO

 

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