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Publicado el 23 de marzo, 2018

La Haya fallará en Derecho o estará fallando

Mi pronóstico es que la Corte rechazará las peticiones de Bolivia, sin perjuicio de proclamar líricos llamados a ambos países —por cierto que no vinculantes—  a estrechar sus lazos y a buscar en armonía la amigable solución de sus diferencias.
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En nuestro país abundan las personas que, pesimistas, creen que la Corte Internacional de Justicia de La Haya, por lo general, dicta fallos salomónicos, políticamente correctos, que intentan quedar bien con los países más poderosos, o con aquellos que se muestran tan débiles que parecerían necesitar de ayuda para superar las injusticias de que se sienten víctimas.

Yo formo parte del grupo de los optimistas. Tengo razones para pensar que la Corte de La Haya, integrada por juristas de primer nivel, aplicará con profundidad y seriedad el DERECHO —así, con mayúsculas—, y que sostendrá su fallo “gústele a quienes les guste”.

La experiencia indica que el fallo de la Corte en nuestro juicio anterior —sobre la delimitación marítima con el Perú—, dejó disconformes a casi todos lo chilenos.

Pero eso es lo normal: los abogados litigantes —a diferencia de los jueces— están formados para ser parciales. Es muy frecuente que los interesados, incluso los de la parte más favorecida por las sentencias, queden insatisfechos con los veredictos judiciales que los afecten.

Pero a mi juicio, el fallo que dio término a nuestra controversia marítima con el Perú es un modelo de aplicación del Derecho Internacional.

Hay que tener presente que, a diferencia de la mayoría de los derechos positivos  nacionales,  el Derecho Internacional es una disciplina aún en proceso de formación. Por esa misma razón, entre otras, opera dando muchísima importancia a los ACUERDOS directos entre las partes y a la COSTUMBRE. Otro criterio relevante es el denominado “PRINCIPIO DE INVARIABILIDAD DE LAS FRONTERAS”.

Los antecedentes que presentó Chile en esa oportunidad eran de una extraordinaria debilidad. Estaban basados en instrumentos vagos,  imprecisos y nada claros sobre su alcance y el ámbito en que debían aplicarse.

La cancillería del Perú —una de las más brillantes de nuestro continente— había estado construyendo paciente, coherente y prolijamente, a lo largo de muchos años, una serie de antecedentes que formaban una muy fuerte base de interpretación del sentido y alcance de los instrumentos disponibles. En verdad, en ese tiempo llegué a tener sombríos temores sobre el negativo resultado que podría tener ese juicio para nosotros.

Gracias a Dios la Corte tomó un camino jurídicamente muy sólido, basado principalmente en el respeto a la costumbre y en el principio de invariabilidad de las fronteras.

En la base, el Tribunal consideró que sólo existía un límite tácito, que no brotaba de los instrumentos que daban cuenta de acuerdos entre las partes. Procedió luego a trazar en el mapa los puntos en que, a través del tiempo, habían pescado realmente los barcos de cada nacionalidad, con indicación de los tonelajes capturados en cada ocasión, todo ello sujeto a la ausencia de protestas relevantes del país contrapuesto. A esas alturas, no fue difícil para la Corte trazar la línea de demarcación que era de hecho respetada en la forma, como los armadores nacionales de cada parte la habían entendido.

Así de simple; así de sólido.

Este criterio básico fue luego confrontado, complementado y proyectado, utilizando el resto de los antecedentes aportados por las partes y considerando los criterios vigentes del Derecho Internacional. De este modo la sentencia logró, a mi juicio, una solidez jurídica  relevante.

Existe un elemento adicional que muestra hasta qué grado la Corte respetó el Derecho. Me refiero al denominado “triángulo terrestre”. Esta pequeña superficie surgió de una determinada interpretación peruana del trazado del límite terrestre. La Corte pudo haber zanjado el tema con un par de frases que seguramente tenía muy claras. Pero se abstuvo de hacerlo por tratarse este detalle de un límite TERRESTRE, materia que quedaba fuera de su competencia en ese juicio, limitada a la delimitación MARÍTIMA.

Vamos al derecho.

Bolivia pide al  Tribunal que declare que:

  • Chile tiene la obligación de negociar un acuerdo que tenga un resultado predeterminado, en el sentido de otorgar a Bolivia una salida soberana al Océano Pacífico.
  • Chile ha incumplido dicha obligación.
  • Chile debe cumplir esa obligación, de buena fe, pronta y formalmente, en un plazo razonable y de manera efectiva, a fin de otorgar a Bolivia una salida soberana al Océano Pacífico.

 

El fundamento de esa obligación estaría en ofrecimientos que Chile habría hecho a Bolivia en el marco de una serie de negociaciones. Ello habría generado una especie de responsabilidad extra contractual, que convertiría al país vecino en acreedor del nuestro en sus llamados “derechos expectaticios”.

En mi opinión, la Corte no dará lugar a lo solicitado por Bolivia, principal, pero no exclusivamente por dos razones:

En primer término, porque, si la Corte llegare a establecer el principio de que los países, al negociar, van originando obligaciones irreversibles, estaría firmando una sentencia de muerte anticipada al más importante de los medios de que disponen los países para buscar soluciones pacíficas en sus relaciones internacionales.

En efecto, negociar supone explorar, intentar caminos a veces muy creativos, entregar, revisar y retirar borradores y buscar nuevos vías para avanzar, y todo ello a veces sujeto al cumplimiento de algunas condiciones que no siempre están bajo el control de las partes (por ejemplo la necesaria autorización del Perú para la eventual cesión de territorios ex peruanos). Si cada palabra que se expresare representase el peligro de convertirse en un “derecho expectaticio”, las negociaciones internacionales podrían ser llevadas sólo entre mudos.

En Derecho Internacional los acuerdos, para ser tales, deben ser nítidos y generalmente sometidos a ciertas formalidades, entre los que se encuentran, por ejemplo, la necesidad de su ratificación e intercambio de documentos oficiales.

Hay, además, una muy importante razón emanada de la propia Corte, que tiene que tenerse muy en cuenta. Chile presentó oportunamente ciertas excepciones preliminares —cuyo análisis no es necesario hacer aquí—;  y la Corte, al resolverlas, señaló que:

Aun suponiendo que el Tribunal constatara la existencia de tal obligación (a negociar), la Corte no podría predeterminar el resultado de cualquier negociación que se lleve a cabo como consecuencia de esa obligación”.

Más claro, échenle agua.

Mi pronóstico es que la Corte rechazará las peticiones de Bolivia, sin perjuicio de proclamar líricos llamados a ambos países —por cierto que no vinculantes—  a estrechar sus lazos y a buscar en armonía la amigable solución de sus diferencias.

 

José Alberto Bravo Lyon, ingeniero civil y abogado

 

 

FOTO: RODRIGO SAENZ/AGENCIAUNO

 

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