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Publicado el 16 de abril, 2018

Gratuidad para 70% más vulnerable en IP y CFT: el orden altera el producto

Este proyecto fue una promesa de campaña para responder a demandas de un candidato perdedor que amenazaba las posibilidades del Presidente Piñera de volver a La Moneda. Es un compromiso y debe cumplirse. Pero el daño puede ser importante.
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El consejo de gabinete del Presidente Sebastián Piñera del miércoles pasado terminó con anuncios de nuevas iniciativas legislativas a las que se les pondría urgencia. Una de ellas, mencionada casi inocentemente en la lista como si sólo fuera una más –y no como lo que es, un giro en 180 grados respecto de la política llevada por el Ministerio de Educación– es la expansión de la gratuidad para el séptimo decil de ingresos en Institutos Profesionales y Centros de Formación Técnica.

Este proyecto obedece a una promesa de campaña cuyo objetivo fue responder a demandas de un candidato perdedor que amenazaba con dañar las posibilidades del Presidente Piñera de volver a La Moneda. Se entiende que es un compromiso y debe cumplirse. Pero el daño causado puede ser mayor al aparente beneficio de calmar a alguien cuyo objetivo es crear el espacio para reemplazar en cuatro años más al Mandatario.

El primer daño se produce respecto de la coherencia del relato. El Ministerio de Educación eligió, hasta ese día, una estrategia sorprendente e inteligente para sortear un escenario muy difícil. Instaló en el centro la calidad, en particular en educación escolar, y dio potentes señales de ser impermeable a la odiosa discriminación entre educación estatal y privada. Al mismo tiempo, se mostró llano a implementar las reformas estructurales del gobierno anterior, entendiendo claramente sus problemas y desafíos, así como también a modificar lo que mostrara ser imposible de implementar en la práctica. El ministerio, al mismo tiempo, se mostró sensible a problemas reales de los establecimientos educacionales, como el exceso de burocracia innecesaria que los aqueja. No es posible comprender la expansión de la gratuidad en algunas instituciones de la educación TP en este marco, ni mucho menos su priorización en la agenda legislativa.

El segundo daño es respecto de la seriedad de las políticas públicas. El Ministerio de Educación había determinado, correctamente, que es urgente plantear un nuevo crédito estatal para apoyar a los estudiantes de educación superior, sin la intermediación de la banca y con mejores condiciones de contingencia al ingreso. Esto beneficiaría a un gran número de estudiantes, de todos los deciles de ingreso y de todo tipo de instituciones acreditadas. ¿Por qué anteponer a esto un compromiso de gratuidad que beneficia a estudiantes comparativamente menos vulnerables? (para decirlo al revés, estudiantes pertenecientes a entre el 40 y 30% de las familias más ricas del país). Además, el gobierno en su conjunto ha hecho abundante referencia a la escasez de recursos fiscales, por lo que más que nunca se requiere consideración del costo de oportunidad en el uso de los mismos.

Estos problemas podrían haberse evitado supeditando el cumplimiento de promesas de campaña de último minuto y el terror a la calle a una agenda relevante, inteligente y bien conducida, como la que estaba llevando a cabo el Ministerio de Educación hasta el momento. Este tropiezo confirma la dificultad de sostener una agenda razonable en educación cuando se legisla cediendo ante quienes gritan y amenazan.

 

Daniel Rodríguez, director ejecutivo de Acción Educar

 

 

FOTO: SEBASTIAN BELTRAN GAETE / AGENCIAUNO

 

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