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Publicado el 30 de noviembre, 2014

Gonzalo Cordero: Corte Suprema en ENADE

Lo que no puede pretender el Poder Judicial es comportarse como actor del gran debate político, pero ser tratado con la inmunidad del órgano políticamente aséptico del pasado.
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Por primera vez el Presidente de la Corte Suprema asistió como expositor al encuentro empresarial y explicitó la posición de ese Poder del Estado frente a la llamada judicialización de los proyectos.  Extraordinario gesto del Ministro Muñoz, merece ser rescatado y destacado como valiosa expresión republicana y democrática.

La derecha no ha reflexionado lo que debiera sobre nuestro sistema de justicia; en un rasgo muy propio de su conducta –Jaime Guzmán fue notable excepción también en este campo- lo ha visto siempre como parte de la burocracia estatal, una parte que debe ser esencialmente despolitizada y, por lo tanto, ajena a sus preocupaciones cotidianas.  Cuando se ha acercado lo ha hecho principalmente desde la visión de las “políticas públicas”, reclamando eficiencia y, cuando más, defendiendo su independencia, pero con una noción de la autonomía judicial largamente superada por la realidad.

El discurso del Ministro Muñoz es una buena ocasión para tomar la hebra de un debate impostergable.  Quisiera hacer algunas modestas reflexiones, que encuentran espacio y oportunidad gracias al paso dado por él, por eso no quisiera que mis críticas empañen el enorme valor que atribuyo a su gesto.

El interés de los empresarios en escuchar la voz del Poder Judicial en el actual ambiente de estancamiento e incertidumbre económica tiene que ver con la llamada judicialización de los proyectos.  Esta realidad en que la viabilidad de grandes inversiones no se juega en los organismos técnicos, sino en la Corte Suprema.  Además, esta semana se produjo una suerte de “linchamiento moral” de un aparente delincuente en plena calle. Hace rato que la sensación pública de que tenemos una justicia excesivamente garantista golpea el aprecio que la comunidad siente por sus jueces.  Estos dos últimos elementos están íntimamente relacionados.  Intentaré referirme a todos ellos.

En Enade el Ministro Muñoz entregó, a mi juicio, una respuesta excesivamente formal al problema, al señalar que “la gente quiere participar del beneficio y no sólo del sacrificio de las inversiones”  y que los Tribunales deben amparar los derechos de todas las personas.  Pero el Ministro no se hizo cargo del problema más grave que atañe al Estado en su conjunto, que consiste en la diferencia de criterios entre la Administración del Estado y los Tribunales de Justicia, en la interpretación y aplicación de las normas.

Son reiterados los casos en que los titulares de los proyectos han seguido escrupulosamente los pasos y formas que la propia autoridad les ha indicado y luego, al final de una larga y costosa tramitación administrativa, el órgano jurisdiccional le dice al particular que el Estado Administración estaba equivocado y anula todo lo hecho.  Esto es lo que provoca una incertidumbre jurisdiccional que paraliza las inversiones, las encarece y está entrabando el desarrollo del país.

Por otra parte, cuando el Ministro Muñoz señala que las personas quieren participar del beneficio de las inversiones y no sólo de sus costos dice algo muy razonable y certero, pero lo que merece una discusión mayor es en qué grado la definición justa de esos beneficios es una función jurisdiccional y no una definición política propia del legislador.  Da la impresión que los Tribunales están tendiendo a resolver más con criterio de legislador, a partir de una cierta visión general de lo que debe ser un orden social justo, que con criterio de juez que debe aplicar al caso concreto la legislación, de manera de especificar en cada situación la concepción de lo justo definida previamente por el sistema político.

Los jueces se han ido desplazando en una dirección que hace inevitable que sus fallos sean objeto de un escrutinio y debate que va más allá de lo estrictamente jurídico; desde luego no me refiero a una revisión de la validez de los fallos, sino al debate y revisión al que toda decisión de autoridad pública está sometida en un sistema democrático.

El otro gran tema, al que también se refirió el Ministro Muñoz, es el de la llamada puerta giratoria; esto no es más que la discusión sobre el sesgo garantista de nuestros jueces del ámbito criminal.  El cuasi linchamiento del que fue objeto esta semana un individuo que habría intentado cometer un asalto y que fue sorprendido coloca en contexto el problema.

Mi formación jurídica hace que toda forma de linchamiento me resulte repugnante, nada hay más peligroso que la arbitrariedad irracional de la masa.  Esa misma formación hace que me considere genuinamente un defensor de las garantías en el proceso penal las que, contrariamente a lo que piensa el común de las personas, no están establecidas en beneficio del delincuente, sino en primer lugar del potencial imputado inocente y de la sociedad toda, en la que por cierto también está el delincuente.

Pero lo que este reciente caso muestra es que el chileno, tradicionalmente tan legalista y respetuoso de la autoridad, ha perdido la confianza en la acción de la justicia a un punto que resulta gravemente preocupante.  Ese es el problema de fondo, del que los Tribunales debieran hacerse cargo con un nivel serio de autocrítica.

Sostengo que el problema no está en que los jueces sean garantistas, celebraría que lo fueran en el justo sentido de la expresión, sino en que una cantidad relevante de ellos actúa a partir de la convicción propiamente política de que el delincuente es producto de una sociedad injusta y que la reacción penal es una forma de revictimización.  Esto se hace evidente cada vez que el imputado es visto como alguien que pertenece a los denominados grupos privilegiados.  Basta leer al abogado Hermosilla para comprobar que con el sacerdote O’Reilly el sistema de justicia estuvo muy lejos de ser garantista; algo semejante sucede en la Araucanía, cada vez que el imputado es un agricultor.

Crecientemente el Poder Judicial está actuando con una visible carga ideológica en sus resoluciones, por esa vía está cada vez más inmerso y es activo participante de los debates de nuestra sociedad, ese es un hecho que no tiene vuelta atrás.  Más que abogar por el retorno a un pasado que no volverá, la sociedad y sus líderes deben aceptar que esto forma parte de nuestra evolución; pero también los jueces deben asumir que entraron en un camino en que legítimamente sus resoluciones, los criterios que esgrimen y la forma en que se posicionan en el espacio público será objeto de debate y crítica con la misma rudeza que en todos los otros campos de lo público.  Lo que no puede pretender el Poder Judicial es comportarse como actor del gran debate político, pero ser tratado con la inmunidad del órgano políticamente aséptico del pasado.

La presencia del Ministro Muñoz en Enade es una señal que la Corte Suprema comienza a abrirse a este nivel de debate por eso, aunque se discrepe de su visión, merece destacarse y agradecerse.

FOTO:JAVIER SALVO/AGENCIA UNO

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