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Publicado el 09 de mayo, 2018

Filantropía y la urgencia de una nueva ley

Al igual que en Europa, los desafíos de Chile son simplificar la normativa, canalizar más recursos y mejorar el impacto de las donaciones. Cualquiera sea la alternativa que busque este gobierno, debe contemplar un mecanismo de redistribución mucho más equitativo.
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Una política de Estado para la solidaridad en Chile ha sido una necesidad planteada consistentemente por el sector civil en los últimos diez años. Un gran desafío es mejorar el marco normativo de los beneficios tributarios a las donaciones a organizaciones sin fines de lucro. Eso conlleva la voluntad política para realizar las modificaciones en pos de un estatuto normativo más simple y claro, y por otra parte, la voluntad empresarial para comprender este nuevo marco y fomentar su uso.

Esta nueva ley debería establecer un régimen único de donaciones, simple de entender, que entregue los mismos beneficios a todo emprendimiento social que sea clasificado de utilidad pública por un comité temático. Ayudaría a desarrollar muchas iniciativas privadas educacionales y sociales que contribuirían a superar la pobreza, y avanzar hacia una sociedad más integrada y menos segmentada.

En 2012 la Ley Cubillos logró seguir perfeccionando la Ley de Donaciones con Fines Sociales, y que obtuvo su nombre en reconocimiento a Felipe Cubillos, quien junto con su equipo de “Desafío Levantemos Chile” habían hecho innumerables gestiones también para establecer una ley que incentivara la solidaridad en Chile. En ese mismo año se realizó el Seminario “Hacia un Chile más Integrado”, con participación de expertos nacionales e internacionales, que incluyó la presentación de propuestas conceptuales concretas para una ley única de donaciones.

En un reciente informe global coordinado por el Harvard Kennedy School se enfatiza que  es urgente un cambio cultural y simplificar el complejo sistema de donaciones de nuestro país: en Chile  hay más de 90 normas diferentes que regulan las donaciones, lo que hace muy confuso e ineficiente el sistema. Además, es necesario incluir más ámbitos de acción sujetos a beneficios tributarios, como la salud y el medio ambiente.

Este es un proyecto ampliamente anhelado por la sociedad civil organizada y recoge muchas de las propuestas planteadas y necesidades detectadas por los usuarios de las diversas leyes de donaciones. Nos consta que en la actualidad se está impulsando la continuidad de este proyecto. Esperemos que se avance en él, para cumplir con los objetivos de unificar la normativa y dar claridad al donante.

En Europa, por otro lado, el sector de las fundaciones, así como sus organizaciones y redes de representantes a nivel nacional y de la UE, han reclamado reiteradamente la adopción de un Estatuto de la Fundación Europea como la solución más rentable para hacer frente a las barreras transfronterizas e incentivar así las actividades de las fundaciones en todo el continente. Esta propuesta de regulación mediante reglamento de un “Estatuto de la Fundación Europea”, presentada por la Comisión Europea en 2012, supuso un paso de gigante para el sector.

Existe una rica cultura y tradición de filantropía institucional tanto en los Estados miembros de common law como en los de derecho civil. El reto regulatorio en ausencia de leyes armonizadas europeas sobre filantropía, que no se buscan ni son necesariamente viables, es asegurar que, al redactar marcos regulatorios individuales para la filantropía institucional, los legisladores nacionales reconozcan y respeten las libertades fundamentales de las organizaciones sin fines de lucro que son consagradas en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

En Europa, el sector de las fundaciones, así como sus organizaciones y redes de representantes a nivel nacional y de la UE, han reclamado reiteradamente la adopción de un Estatuto de la Fundación Europea como la solución más rentable para hacer frente a las barreras transfronterizas e incentivar así las actividades de las fundaciones”.

Algunas sentencias del Tribunal de Justicia favorables a las actuaciones filantrópicas transfronterizas de donantes y de entidades sin fin de lucro, pero también iniciativas fallidas como la del Estatuto Europeo de Fundaciones, han puesto de manifiesto la necesidad de seguir profundizando en la construcción de unas bases sólidas que ayuden a definir, para proteger, el espacio filantrópico europeo. Además, las barreras jurídicas, fiscales y administrativas dificultan el trabajo transfronterizo de las fundaciones. Como consecuencia de ello, el apoyo y la canalización transfronteriza de fondos hacia fines de utilidad pública es una vía subutilizada.

Uno de los principales problemas cuando se trata de habilitar el espacio fiscal para la filantropía transfronteriza en Europa es la falta de claridad y la falta de información pública sobre los procesos comparados de las autoridades fiscales de los Estados miembros, cuando se enfrentan a casos de filantropía transfronteriza. Sabemos que las fundaciones trabajan cada vez con más frecuencia en más de un Estado miembro, porque comprenden que, en un mundo interconectado y globalizado, determinados problemas y necesidades sociales no pueden afrontarse únicamente dentro de las fronteras nacionales. Esta ampliación de horizontes y de formas de actuar permite a las fundaciones identificar la excelencia, cooperar con socios que comparten los mismos valores y aumentar considerablemente su impacto global. En el conjunto de la UE, las fundaciones se rigen por más de 50 leyes distintas, sin mencionar los complejos procedimientos administrativos que deben seguir cuando operan fuera de su propio país. Ello se traduce en unos costes adicionales de unos 100 millones de euros al año, dinero que, en otro caso, podría invertirse en iniciativas de interés general. Debido a las dificultades que genera este complejo entramado normativo, es frecuente que las iniciativas europeas o bien se aplacen, o no se pongan en marcha.

Un Estatuto Europeo de Fundaciones es un paso virtuoso para todos los involucrados:

los ciudadanos de la UE se beneficiarán directamente de la reducción de costes administrativos y jurídicos que representará el Estatuto de Fundación Europea, por lo que las fundaciones podrán canalizar más recursos hacia causas de interés general.

los donantes podrán ayudar a las fundaciones de otros Estados Miembros con menos costes y menos requisitos formales. Asimismo, les resultará más fácil reconocer a las fundaciones europeas: el Estatuto ofrecerá a estas entidades una etiqueta europea que portará una imagen de fiabilidad.

las fundaciones se beneficiarán de unas condiciones más uniformes en toda la Unión Europea, tendrán más seguridad jurídica y menos costes administrativos. El Estatuto también les facilitará ampliar recursos y competencias, así como una mayor proyección institucional. Es probable que las economías de los Estados miembros experimenten un aumento en los fondos disponibles para campos tan importantes como la educación, la investigación, los servicios sociales y de salud, la cultura o la protección del medioambiente.

Chile y Europa tienen desafíos distintos, pero la base de ambos es la misma: simplificar normativa, canalizar más recursos y  mejorar el impacto de las donaciones. Cualquiera sea la alternativa que busque este gobierno, debe contemplar un mecanismo de redistribución mucho más equitativo.

 

Rosa Madera Núñez, senior advisor en Filantropía, fundadora de Empatthy

 

 

 

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