El resultado de las elecciones parlamentarias del 21 de diciembre en Cataluña invita a destacar cuatro elementos.
Primero, se mantiene la voluntad independentista a pesar de la aplicación del artículo 155 de la Constitución y la consecuente disolución del Parlamento, la toma de control del gobierno y la activación de un proceso judicial por sedición. El proceso electoral constituía una oportunidad para el gobierno central de demostrarle a Cataluña, España y al mundo que la legalidad era suficiente para imponer la victoria. Sin embargo, los catalanes no han sido derrotados. El sufragio ha permitido al pueblo pronunciarse democráticamente, lo que sienta una base sólida a la dirigencia rebelde para insistir en su postura, tal vez incluso victimizarse por la acción judicial en su contra.
Segundo, destaca el rechazo a la gestión de Mariano Rajoy, reduciendo la representación del Partido Popular (PP), de 11 a tres escaños. Este rechazo incide en la alta votación por Ciudadanos, agrupación que capta el voto anti-secesionista, que si bien aumenta, no logra alcanzar mayoría.
Tercero, queda en evidencia que una mala estrategia pone en riesgo un proceso político. Los catalanes erróneamente asumieron que era suficiente un proceso electoral interno ilegítimo para formalizar una agenda independentista, mientras que los centralistas españoles se escudaron en la regla escrita evitando enfrentar el conflicto de fondo. Como resultado, la improvisación generó incertidumbre, provocando la salida de las principales empresas y capitales de Cataluña, con altísimos costos económicos cuyas consecuencias se extenderán por tiempo indefinido. Asimismo, el poder central español se ha expuesto a que el propio pueblo catalán lo derrote en las urnas, de manera contundente y pacífica, provocando un profundo impacto político. Como consecuencia, se reafirma el control del Parlamento por parte del bloque soberanista, manteniendo vivo el desafío independentista.
Cuarto, de lo anterior se desprende que una resolución está lejos. Lo preocupante es la impericia estratégica e inhabilidad política que han demostrado los actores del conflicto. Pronto veremos cuánto aprendieron de sus errores. Una lección es que la aplicación legalista del poder central es insuficiente para abordar un problema eminentemente político. Por otra parte, en un sistema democrático la soberanía radica en el pueblo, por ende es la principal fuerza movilizadora para promover cualquier cambio; sin su apoyo no hay triunfo posible, por eso es definitiva la capacidad de liderazgo.
Todo indica que pronto tendrá que cuajar otra iniciativa en Barcelona que chocará con el poder central en Madrid; toca observar cuán capaces sean ambos actores para preparar el escenario y enfrentar una nueva arremetida.
Cristián Faundes, periodista, magíster en Seguridad y Defensa y doctorante en Ciencia Política, Pontificia Universidad Católica de Chile