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Publicado el 07 de mayo, 2018

“El sueño chileno”

Es justo fijar reglas claras sobre la entrada y salida de inmigrantes, pero también es de justicia que les otorguemos un trato digno a aquellos que viven esta realidad en nuestro país.
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A poco menos de un mes de las primeras medidas de la reforma migratoria del Ejecutivo, parece ya haber resultados concretos. En efecto, las primeras cifras muestran una reducción considerable de los inmigrantes que ingresan a Chile. Según datos de Extranjería, de las 66 mil personas que entraron en enero de este año, pasamos a 33 mil en abril. Por otra parte, en lo que respecta al proceso de regularización extraordinario que comenzó el 23 de abril, hasta el miércoles pasado se habían registrado 77.262 personas, un 25% de las que se estima se encuentran en dicha situación.

No cabe duda que se trata de un acierto. Incluso, entre las mismas comunidades de inmigrantes se percibe una valoración positiva sobre la decisión con que el gobierno se ha tomado este asunto, fijando criterios claros sobre los requisitos de entrada y salida del país que la administración anterior fue incapaz de establecer.

Con todo, la situación de los inmigrantes no se reduce solamente a lo relativo al ingreso. El gobierno también contempla, en las indicaciones al proyecto de ley enviado al Congreso, crear una institucionalidad nueva que reemplaza el Departamento de Extranjería por un moderno Servicio de Migrantes, con atribuciones para concretar una política migratoria según los tiempos y con plena capacidad operativa y de gestión. También permite que los inmigrantes accedan a derechos sociales mínimos —tales como salud, educación y seguridad social— en igualdad con los chilenos.

En este ámbito, un aspecto ausente en el proyecto de ley es una adecuada solución al problema del hacinamiento. Como se sabe, muchos inmigrantes que llegaban a Chile como turistas, pero con el propósito de quedarse, caían rápidamente en la irregularidad. Esto los exponía a una serie de vulnerabilidades, como a la dificultad de encontrar trabajo y una vivienda adecuada. Ante esta situación, muchos extranjeros se han visto en la obligación de subarrendar piezas construidas con material ligero o casas en lugares abandonados, en donde vive una gran cantidad de familias hacinadas al interior de una misma propiedad. De hecho, según la CASEN 2015, el índice de hacinamiento de los inmigrantes quintuplica al de los chilenos en algunas zonas del país, siendo particularmente llamativo en el norte: Arica (27,8%), Tarapacá (31,8%) y Antofagasta (33,8%). Tanto así que existe una preocupante relación entre el subarriendo de inmuebles a inmigrantes con la proliferación de campamentos. Claramente esta última alternativa parece ser para ellos mejor, ya que, aunque carecen de una vivienda, pueden tener una vida familiar más sana que la de sus compatriotas que viven hacinados. La solución no es fácil ni unívoca, pero es urgente que la reforma incorpore durante su tramitación algunas soluciones en este ámbito.

Es justo fijar reglas claras sobre la entrada y salida de inmigrantes, pero también es de justicia que les otorguemos un trato digno a aquellos que viven esta realidad. Chile no tiene la obligación de recibir ni de hacerse cargo de los inmigrantes, ni de abrir las fronteras de par en par, pero sí tenemos un deber de justicia y de solidaridad con cada familia que habita en nuestro país para no convertir el “sueño chileno” en una pesadilla.

 

Andrés Berg A., director de Investigación de IdeaPaís, y Luis Robert, investigador

 

 

FOTO: HANS SCOTT / AGENCIAUNO

 

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