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Publicado el 03 de junio, 2018

El liberalismo: ¿apolítico?

Cientista político, Horizontal Alfonso España
Para que la acción del Estado sea compatible con el liberalismo, no debería establecerse una concepción de la felicidad o, en términos republicanos, virtudes cívicas que deban impulsarse como un horizonte colectivo de sentido.
Alfonso España Cientista político, Horizontal
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Una de las críticas más reiteradas e injustas en contra del liberalismo dice que éste carecería de contenido político, porque: a) induciría al ciudadano a un individualismo que lo llevaría a dedicar mucho más tiempo a sus asuntos personales que a los públicos; b) lo llevaría a desconfiar a priori del Estado y del poder político; y c) tendería a la “des-polemización” de los asuntos políticos, neutralizándolos en simples problemas técnicos.

En primer lugar, el individualismo dignifica la calidad de un ciudadano que se dedica a su vida privada, es decir, a lo suyo, y no supone una inferioridad moral frente a quien se dedica a los asuntos públicos; como, por ejemplo, suponían los antiguos griegos, quienes consideraban idiotes a aquellos que no participaban de la política. Esto último se comprende de mejor forma si explicitamos las diferencias entre la libertad de los antiguos versus la de los modernos.

Grosso modo, para los antiguos la libertad era política, vinculada a lo público y a lo colectivo, mientras que dedicarse a la administración de lo privado, suponía justamente privarse de algo que a uno lo completaba como humano. Para los modernos, en cambio, participar de lo público es un tipo de libertad (la política), que a su vez garantiza la libertad individual, entendida como ausencia de coacción de un tercero y como el goce pacífico de lo propio. Esto es lo que sostiene Benjamin Constant, en su célebre comparación de la libertad de los modernos con la de los antiguos (1819).

La libertad negativa no propone un fin determinado, una realización común para los seres humanos, porque se basa principalmente en la ausencia de coacción de parte de un tercero. En este último caso se encuentra el liberalismo cuando suele ser calificado de “apolítico”

De estas diferencias entre la libertad de los antiguos y de los modernos, Isaiah Berlin elabora la célebre distinción entre libertad positiva y libertad negativa. La primera es aquella en que no se es libre hasta cierta autorrealización definida. La libertad negativa, en cambio, no propone un fin determinado, una realización común para los seres humanos, porque se basa principalmente en la ausencia de coacción de parte de un tercero. En este último caso se encuentra el liberalismo cuando suele ser calificado de “apolítico”. Dicho esto, cabría preguntarse: ¿por qué el liberalismo no promueve una lista más precisa de bienes a través de los cuáles el ser humano pueda autorrealizarse y llegar, así, a ser “auténticamente” libre? (La verdad que sí lo hace el liberalismo igualitario, por ejemplo, de John Rawls con lo que denomina “bienes primarios”, pero aquí me refiero a un liberalismo que parte de la libertad negativa más bien que de la positiva, aunque sin descartar ésta de plano).

La respuesta es que si el liberalismo defiende el derecho de todos a perseguir sus propios fines, resultaría inmoral que alguna autoridad imponga un fin determinado a partir de alguna concepción del bien común. Además porque, en términos prácticos y siguiendo a Schumpeter, no existe algo así como “un ‘bien común’ unívocamente determinado, en el que todo el mundo pueda estar de acuerdo o pueda hacérsele estar de acuerdo en virtud de una argumentación racional”.

De existir un bien común, sería únicamente aquel orden político que permita a cada uno de los ciudadanos trabajar por su particular concepción del bien, siempre y cuando no perjudique la misma libertad de sus semejantes.

En este sentido, al ciudadano no se le debería imponer, sino persuadir, delegando finalmente en él mismo el poder en torno a la última decisión sobre su particular proyecto de vida. Por lo tanto, de existir un bien común, sería únicamente aquel orden político que permita a cada uno de los ciudadanos trabajar por su particular concepción del bien, siempre y cuando no perjudique la misma libertad de sus semejantes. De ahí que el liberalismo, en el plano político, no adule a las masas bajo la etiqueta de “voluntad del pueblo”, sino que se refiera exclusivamente a la libertad política y privada de cada ciudadano, es decir, a la más cotidiana.

Del reconocimiento de la legitimidad de los fines individuales, ¿cabría, entonces, colegir la despolitización sobre las decisiones, ya que, a falta de fines colectivos, la política termina preocupada sólo de los medios para que los sujetos elijan sus fines? Por supuesto que no, pues en la selección de medios también hay disyuntivas políticas: en cuanto a la técnica que se empleará para la “construcción” de un orden jurídico no intencionalista, en los términos de Hayek, pero sí indispensable para que el orden social genere las condiciones de posibilidad para que todos puedan perseguir sus propios fines.

Por otro lado, y no menos importante, es que la preocupación por el impacto de cada decisión sobre la economía y el PIB que obliga al razonamiento técnico, no es síntoma de un cálculo frío y despolitizado, sino de una profunda causa política, que es la defensa de la libertad, pues sin una economía estable, sin prosperidad económica y sin empleo, es difícil que una república democrática se sostenga en el tiempo, que los ciudadanos respeten el estado de derecho y una postura política moderada. Una situación así es clave para el despliegue de la libertad en todas sus dimensiones.

La diferencia entre un Estado subsidiario y uno de bienestar es que necesariamente, en el segundo caso, se debe llegar a políticas homogeneizadoras, que atentan tanto contra la libertad de elegir como contra la autonomía de las personas para asociarse en torno a determinados proyectos.

Pero, además, el liberalismo siempre ha considerado que el Estado debe cumplir un rol activo en ayuda de las personas en situación de vulnerabilidad. Por eso, Adam Smith decía que, además de la justicia y defensa, el Estado debía ocuparse de la educación, al menos (en esa época) en el nivel básico. Sin embargo, probablemente la diferencia entre un Estado subsidiario (que se limita a ayudar a los más necesitados) y uno de bienestar (en cuanto provee “derechos” universales) es que necesariamente, en el segundo caso, se deba llegar a políticas homogeneizadoras, que atentan tanto contra la libertad de elegir —por ejemplo, un determinado colegio— como contra la autonomía de las personas para asociarse en torno a determinados proyectos —educativos, en el ejemplo—. Pero para que, en los términos antes vistos, la acción del Estado sea compatible con el liberalismo, no debería establecerse una concepción de la felicidad o, incluso en términos republicanos, algunas virtudes cívicas que deban impulsarse como un horizonte colectivo de sentido. La libertad del liberalismo siempre generará una sensación de vacío, pero esto no es lo mismo que decir apoliticidad.

Alfonso España, cientista político, Horizontal

 

FOTO: PABLO OVALLE ISASMENDI /AGENCIAUNO

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