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Publicado el 09 de julio, 2018

Viera-Gallo: “La prohibición de un año para que autoridades no puedan trabajar en entidades que fiscalizaron, me parece bien”

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Javiera Barrueto

El ex ministro Segpres regresó al directorio de Chile Transparente. Desde ese rol valora la agenda de probidad del gobierno. Además, cataloga como "inconducente" el debate sobre la sequía legislativa. “Lo que hay que ver no es la cantidad de proyectos, sino la calidad de ellos", asegura.
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Javiera Barrueto

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Hasta el Salón Montt Varas de La Moneda llegó, el jueves, el actual director de Chile Transparente, ex ministro de la Segpres, ex senador y ex presidente de la Cámara de Diputados, José Antonio Viera-Gallo. Allí participó en la ceremonia en la que el Presidente Sebastián Piñera firmó el proyecto de Integridad Pública que regula el nepotismo y los conflictos de interés.

Si bien la iniciativa ha sido valorada transversalmente, también ha generado algunos cuestionamientos, como que en ciertos aspectos podría ser “más permisiva” en la contratación de parientes en el Ejecutivo, o que coartaría la libertad de trabajo al establecer una regulación post empleo de ex ministros, ex subsecretarios y ex jefes de servicio, en entidades privadas que hayan sido fiscalizadas por la entidad en donde se desempeñaban.

En conversación con “El Líbero”, Viera Gallo cataloga la iniciativa como “muy positiva” y que “ayudará a impulsar las normas de probidad pública”. También aborda el debate político de la últimas semanas, sobre sequía y bloqueo legislativo, y el rol de su colectividad, el Partido Socialista, en la oposición.

-¿Cuál es su opinión del proyecto que anunció el Presidente Sebastián Piñera?

-Es un proyecto de ley muy positivo, que retoma la iniciativa de una agenda que viene en Chile, por lo menos, desde la época del Presidente Frei, que tuvo un impulso después en el gobierno del Presidente Lagos y después en las dos administraciones de Michelle Bachelet. En general, tengo una visión positiva de todo lo que se propone, obviamente que el debate parlamentario tendrá que ir viendo en detalle cada una de las fórmulas para que estas ideas puedan materializarse en forma adecuada.

-Han surgido algunas críticas en torno al proyecto sobre si coarta la libertad de trabajo de quienes salen de un cargo público y deben dejar pasar un año para desempeñarse en el mundo privado, en áreas relacionadas.

-En otros países esa prohibición llega a dos años y en algunos a cuatro años. Es lógico que una persona que ha estado en cargos de autoridad en el servicio público, sea en el Gobierno, sea en el Parlamento, después no pueda ejercer funciones que tuvieron que ver con su gestión. Ahora, tendrán los parlamentarios que discutir bien cómo establecer la prohibición para que no sea “excesiva”. Por ejemplo, respecto de los abogados hoy día existe una disposición absurda en la ley del Consejo de Defensa del Estado que les impide pleitear contra el fisco, cualquiera que haya sido su función en el sector público. Lo que también es completamente exagerado y absurdo.

La prohibición que establece el Ejecutivo de un año para que las personas que han tenido cargos de responsabilidad, sobre todo en entes fiscalizadores, no puedan trabajar en los entes fiscalizados, me parece bien”.

-¿Cómo se puede lograr un equilibrio en la regulación post empleo en el caso de los ex ministros, ex subsecretarios y ex jefes de servicio?

-Creo que la propuesta del gobierno es bastante equilibrada porque una persona, por ejemplo, que ha trabajado en la subsecretaría de Pesca, en un cargo de responsabilidad, hasta un años después no puede trabajar en el sector pesquero, pero puede trabajar en el sector minero, agrícola, en lo que sea. La propuesta en general está bien formulada, pero en detalle habrá que ir viendo en la redacción para buscar una norma que sea equilibrada para evitar la puerta giratoria, pero tampoco se pueden establecer prohibiciones que sean absurdas.

 -¿Entonces está de acuerdo con el plazo de 12 meses fijado por el Ejecutivo?

-En principio la prohibición que establece el Ejecutivo de un año para que las personas que han tenido cargos de responsabilidad, sobre todo en entes fiscalizadores, no puedan trabajar en los entes fiscalizados, me parece bien. Por ejemplo, que el superintendente de Bancos no pueda, hasta un año después, trabajar en el sector bancario. Eso me parece bien.

“Es lógico que un abogado que ha sido, por ejemplo, director jurídico de un ministerio no pueda después pleitear contra el fisco en lo que se refiere a ese ministerio”

-¿Y le parece excesivo la regulación para quienes fueron funcionarios abogados de servicios públicos?

-Ya es ley en el Consejo de Defensa del Estado, no es una propuesta nueva, es una ley que ya existe. Y que es completamente arbitraria.

-Pero, por ejemplo, el PS ha sido asesorado por abogados que trabajaron en la administración de Michelle Bachelet.

-Es lógico que un abogado que ha sido, por ejemplo, director jurídico de un ministerio no pueda después pleitear contra el fisco en lo que se refiere a ese ministerio. Pero no parece lógico que si un ministro es abogado, o sea, él no fue contratado como ministro por ser abogado, sino por su calidad personal y que después quede inhabilitado para pleitear contra el fisco, me parece absurdo. Y eso ya existe.

-En el PS se ha dicho que el gobierno está tratando de “pasarles la cuenta” por el apoyo que han recibido de parte de abogados que ya trabajaron el gobierno de Bachelet, para hacer requerimientos en Contraloría. ¿Puede haber sido un factor que influyera para que el proyecto incluyera a los abogados?

– No, esas son cosas muy menores. Todas esas cosas pasan, se olvida. No creo que eso tenga nada que ver con la propuesta del Presidente.

En el Congreso muchas veces se contrataba a un pariente para favorecer a un familiar o tener más disponibilidad de recursos”.

-En el caso del Congreso se prohíbe la contratación de parientes, pero en el Ejecutivo se habla de méritos y de la obligación de informar sobre un tipo de vínculo. ¿Por qué se da esta diferencia?

-Sí, hay una fórmula con el servicio público para evitar el nepotismo y, al mismo tiempo, que el parentesco no se convierta en un impedimento absoluto, sino que la persona pueda ser nombrada si tiene los méritos, para lo cual se establece un sistema en la Alta Dirección Pública.

-¿Entonces es válido que no haya una prohibición total en el Gobierno como en el caso del Congreso?

-No hay duda, porque ahí se trata de cargos de responsabilidad. Lo que los parlamentarios hacen, yo lo fui por 16 años así es que lo sé, es que las asignaciones parlamentarias no son cargos de responsabilidad, son simplemente asesorías. Lo que se está prohibiendo es que los parlamentarios puedan contratar sus parientes. Muchas veces eso se hacía, no tanto porque el pariente pudiera cumplir una muy buena función, sino para poder favorecer a algún familiar o a través de esas personas poder tener mayor disponibilidad de los recursos, etc.

“Lo que hay que ver no es la cantidad de proyectos, sino la calidad de ellos”

-Sobre el debate que se ha generado entre el Congreso y el Gobierno, entre las posturas de sequía legislativa y de bloqueo. ¿Cómo ha visto ese tema?

Me parece que es un debate inconducente, porque lo que hay que ver no es tanto la cantidad de proyectos de ley, sino que lo que hay que ver es la importancia y la calidad de cada uno de ellos. Cuál es la envergadura de los cambios legislativos que se proponen, no la cantidad de proyectos que hay. Hasta ahora, en algunos campos, el gobierno ha presentado iniciativas importantes, por ejemplo, en el Sename y, en otras, no ha habido todavía un despliegue completo de la agenda del gobierno. Me imagino que depende del resultado que tengan las comisiones prelegislativas. Estamos en un período muy inicial del gobierno.

El diálogo no se puede hacer en torno a las simples ideas de oponerse a la derecha o decir ‘mire, si no nos unimos vamos a perder las elecciones'”.

-Se generó una división de la oposición en el Senado tras la votación por Ángela Vivanco en la Corte Suprema, puesto que el PS no respetó un acuerdo. ¿Se podría estar generando una división en la oposición?

-La oposición está dividida, o sea, después del triunfo de Sebastián Piñera y el término de gobierno de Michelle Bachelet, terminó su forma de coalición que es la Nueva Mayoría. Lo que va quedando de eso son intentos, sobre todo en el Congreso, por coordinar acciones entre los distintos partidos. Eso está en germen y, obviamente, a veces se producen altos y bajos según las coyunturas políticas. No estoy al corriente de si hubo o no tal acuerdo para votar a favor del nombramiento de Ángela Vivanco, pero tampoco magnificaría el hecho de que unos hayan votado de una manera y otros de otra, eso suele suceder. El problema de fondo es que todavía está pendiente cuál va a ser la forma de coordinarse de los distintos partidos de la oposición.

El presidente del Partido Socialista ha dicho que se ubican al centro de la izquierda, yo en general, no comparto esas visiones geométricas de la política”.

-¿Cómo ha visto el rol del Partido Socialista en la oposición?

El presidente del Partido Socialista ha dicho que se ubican al centro de la izquierda, yo en general, no comparto esas visiones geométricas de la política. Creo que lo importante para el Partido Socialista es levantar una alternativa de proyectos de futuro que sea convocante, principalmente de las fuerzas que se sientan más representadas por esa alternativa.

-¿Le pareció, entonces, desafortunada la fase de Elizalde?

-Lo significativo es levantar una propuesta que después pueda servir para el diálogo con las distintas fuerzas políticas. El diálogo no se puede hacer en torno a las simples ideas de oponerse a la derecha o decir ‘mire, si no nos unimos vamos a perder las elecciones’. A la ciudadanía se le tiene que hablar con otro lenguaje. Lo que hay que hacer es levantar una propuesta que entusiasme a la gente, que haga sentido a los jóvenes, que levante esperanza de una mayor justicia social y, al mismo tiempo, de mayor progreso económico y social para todos. Eso, además, se hizo durante todos los gobiernos de la Concertación y durante el gobierno último de la Presidenta Bachelet.

 

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