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Publicado el 14 de junio, 2017

La insólita historia del sostenedor de Macul que debe venderse su colegio a sí mismo para poder seguir funcionando

Autor:

Uziel Gomez

La ley de inclusión escolar implementada por el Gobierno obliga a Luis Cañas, dueño de una escuela básica fundada hace 50 años, a convertirse en corporación sin fines de lucro, y venderle el establecimiento que ya pagó. “Tendría que estar 25 años pagándole al banco un edificio que ya pagué. No tiene sentido seguir así”, confiesa.
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Uziel Gomez

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Decenas de apoderados pernoctando durante las gélidas madrugadas en los accesos de colegios subvencionados en Santiago, Maipú y Providencia para obtener un cupo para sus hijos, han sido las “postales” de la nueva ley de inclusión escolar implementada por el gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet.

Las largas filas se han generado por  la decisión de los recintos de adelantarse a dicha ley, que impide la selección por mérito académico, y sólo permite las matrículas por orden de llegada o a través de una tómbola virtual que maneja el Ministerio de Educación.

Dicho proceso será masivo durante 2019 cuando todos los colegios particulares subvencionados de la Región Metropolitana tengan que usar ambos sistemas para matricular a los alumnos.

Sin embargo, a fin de este mes los sostenedores tienen un plazo fatal, ya que deberán decidir si se convertirán en colegios particulares o pagados. La decisión es especialmente compleja por los cuellos de botella que les dejó la legislación y sobre los cuales aún no hay claridad.

La insólita historia del sostenedor que debe autovenderse su colegio

Dichas dificultades las explica a El Líbero el sostenedor del colegio Marta Brunet de la comuna de Macul, Luis Cañas, quien también es  presidente de la Coordinadora de Colegios Particulares Subvencionados de la Región Metropolitana.

Hace 50 años su madre fundó el colegio de enseñanza básica, que hoy tiene 180 alumnos de sectores medios y bajos, y que pagan $35 mil de copago al mes.

La escuela partió en la casa familiar que  luego se fue ampliado con el transcurso de los años, y que ya se pagó al banco. Sin embargo, la ley obliga al sostenedor a crear una corporación sin fines de lucro y traspasarle la propiedad desde la sociedad actual, para lo cual debe hacer una operación de compraventa.

“Con la nueva ley, las sociedades educativas tienen que pasar a ser corporaciones y tienen la obligación de adquirir el inmueble. Eso significa que la sociedad Luis Cañas, dueña del colegio, le vende a la corporación Luis Cañas. Una cosa absurda. Es decir, yo me vendo a mí mismo con cargo a la subvención con un crédito a 20-25 años”, afirma Cañas.

Los sostenedores que deseen continuar tienen que ir a uno de los dos bancos que entregan crédito para comprar colegios, y solicitar los recursos a una tasa de entre 4,55%-5,55%. El banco realiza una tasación, que luego debe ser visada por Corfo para realizar la operación de compraventa. La ley establece el plazo de pago a 25 años.

Pero, además, el sostenedor debe pagarle al banco el 1% del total de la venta por concepto de corretaje, que le aplica una tasa de descuento o margen de riesgo del 15%, superior al 8% establecida en la legislación.

No queremos vender el colegio, porque la venta significará que el proyecto educativo se empobrecerá. Tendría que estar 25 años pagando un edificio que ya pagué. Qué pasa con el sueño de terminar el gimnasio o construir un laboratorio o mejorar el laboratorio de inglés. Son proyectos que quedarán detenidos. Es empobrecerse por 25 años. No tiene ningún sentido seguir así”, confiesa el sostenedor de la escuela Marta Brunet de Macul.

Sostenedor: “Hay que terminar con la tontera de satanizar el lucro. Los sostenedores recibimos la justa retribución por la inversión, el riesgo y la gestión”

Luis Cañas admite que, ante las trabas legales, “estamos seriamente pensando en la posibilidad de cerrar. Con la ley de inclusión estamos siendo meros administradores de los fondos públicos, nos han quitado la posibilidad de gestión. Vamos a ser una caja recibidora y pagadora”.

El sostenedor dice que son un colegio “muy chico con hartas incomodidades pero nos hemos podido mantener durante 50 años porque hemos sido una alternativa para los apoderados. Ha habido una gestión que hemos realizado que ha sido aprobada por los apoderados. Con la ley estaré limitado. Es desolador. No tienes la posibilidad de fijar los lineamientos de tu proyecto educativo. Esta pega se ha hecho con dignidad. Entro y salgo con la cabeza en alto del colegio. No he sido chueco ni sinvergüenza ni me he robado la plata. Hay que terminar con la tontera de satanizar el lucro. Los sostenedores recibimos la justa retribución por la inversión, el riesgo y la gestión. No estoy de acuerdo con la satanización del lucro. Es un eslogan muy dañino que se ha instalado”.

A su juicio, la ley de inclusión se hizo bajo una doctrina “meramente ideológica que va a destruir la educación particular subvencionada. Es la teoría de quitarle los patines a los niños que dijo el ex ministro Eyzaguirre”.

Además, asegura que los colegios subvencionados reciben 35% menos de recursos que los municipales, y aún así obtiene iguales o mejores puntajes, lo que muestra que se han hecho bien las cosas.

Cañas afirma que en vez de hacer una ley que pulveriza la educación subvencionada, se debió prohibir el retiro de utilidades en los colegios de menor calidad, obligándolos a reinvertir, y permitir el retiro controlado en los de mayor excelencia académica.

“Era así de simple si la ley no se hubiera hecho con eslóganes. Estaríamos todos aplaudiendo la reforma”, concluye.

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