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Publicado el 09 de mayo, 2018

El complejo escenario del Gobierno para nominar al nuevo ministro de la Corte Suprema

Autor:

Javiera Barrueto

En los próximos días el Presidente Sebastián Piñera escogerá al nuevo integrante del máximo tribunal, que debe ser ratificado por el Senado, donde no cuenta con mayoría. "El Líbero" tuvo acceso al informe elaborado por el Observatorio Judicial, en el que se desarrolla un perfil de los cinco postulantes.
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Javiera Barrueto

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El Presidente Sebastián Piñera deberá elegir a un postulante de la quina para integrar la Corte Suprema en los próximos días. Las opciones, que previamente fueron votadas por los 19 ministros del máximo tribunal, ya se encuentran en las manos del Mandatario, quien no tiene plazo límite para definir al próximo magistrado. Sin embargo, esta definición podría determinarla en las próximas semanas.

Luego de que el Jefe de Estado determine el reemplazante de Patricio Valdés -quien dejó una vacante tras cumplir 75 años de edad- la nominación deberá enviarse al Senado. Y será ahí, donde se deberá ratificar por un quórum calificado, es decir 2/3 de los legisladores en ejercicio. Algo que complica al Ejecutivo, que no cuenta con mayoría en la Cámara Alta.

E 9 de abril expusieron 15 candidatos ante el pleno de la Corte Suprema, siendo cinco los más votados: Leonor Etcheberry, Jorge Baraona, Ángela Vivanco, Emilio Pfeffer y Gastón Salinas.

El último nombramiento de un ministro a la Corte Suprema se realizó durante el gobierno de Michelle Bachelet, proceso que tardó ocho meses. Así, la nominación del reemplazante de Pedro Pierry resultó ser la primera vez en que un Mandatario demoró tanto tiempo en designar a un supremo. Solo la designación de Juan Manuel Muñoz, en 2013, tardó más que este proceso, pero se debió a la falta de acuerdos en el Senado, y no a la elección del Presidente.

Ese punto, resulta determinante para la actual administración, pues la elección del nuevo ministro, entre otros factores, se basará en la capacidad de negociación que se tenga con el Senado, por lo que la tarea para determinar un nombre que genere consenso en el Congreso no será una labor sencilla para el Mandatario.

Difícil tarea para el ministro Hernán Larraín

Además, la nominación de Piñera del próximo ministro de la Corte Suprema, se realizará luego de los cuestionamientos que la oposición ha realizado a las reuniones que, en diciembre del año pasado, sostuvo el entonces senador Hernán Larraín (UDI) con el Fiscal Nacional Jorge Abbott. Encuentro que que tuvo como objetivo el abordar la situación del senador Iván Moreira.

A ello se suman los dichos que el mismo Larraín realizó en abril, ahora con la investidura de ministro de Justicia, cuando señaló que “la mayoría de los jueces son de izquierda”. Este escenario hace aún más complejas las negociaciones pues debe ser él quien las encabece en la Cámara Alta.

Esta será una prueba clave que deberá sortear el Ejecutivo en esta materia, pues el nombramiento que realizaría Piñera en los próximos días, será la primera designación de ocho magistrados que le corresponde durante su mandato. Esto, porque ese es el número de los ministros que cumplirán 75 años durante esta administración, edad límite para ejercer como supremos.

Perfil de los candidatos a la Corte Suprema

“El Líbero” tuvo acceso al documento elaborado por el Observatorio Judicial, en donde se desarrolla el perfil de los abogados y las ideas que expusieron en la audiencia pública del 9 de abril. Momento en la que los seleccionados mostraron sus lineamientos jurídicos.

Leonor Etcheberry: Su especialidad es el derecho de familia. Fue directora de la Academia Judicial. Es hija del abogado Alfredo Etcheberry

Es en la jurisdicción en que los particulares conocen mejor la fisonomía de sus derechos y obligaciones e inyecta un grado de certeza relevante que nos permite calcular de mejor manera el futuro”.

Así, Etcheberry afirma que la academia debe conceder un papel fundamental en la jurisprudencia de los tribunales superiores de justicia. Considera que cuando la academia desatiende la labor de los jueces se generan consecuencias negativas. La abogada piensa que en la dictación de sentencias, los particulares conocen realmente los límites y los alcances de sus derechos y obligaciones.

Jorge Baraona: Su carrera profesional abarca el sector público y privado. Además imparte clases de derecho civil

Las razones de por qué el Poder Judicial aún no ha alcanzado reconocimiento social son múltiples, pero fundamentalmente son políticas”.

Baraona piensa que es urgente la reforma al Código Procedimiento Civil. Sin embargo, previene que dos de los aspectos de la reforma que se discuten en el Congreso deben ser analizados con mayor detalle. El primer elemento, es el inicio de los juicios ejecutivos, que debiese estar fuera del Poder Judicial, para descomprimir los tribunales. El segundo, es la necesidad de conservar la casación civil, ya que la jurisprudencia de la Corte Suprema es esencial en el desarrollo del derecho privado.

Ángela Vivanco: El campo de trabajo en que se ha centrado es el derecho constitucional

Es la Corte la que define los grandes lineamientos de aplicación y contenido de las normas jurídicas”.

La exposición de Vivanco comienza con un resumen sobre sus 29 años en el ejercicio de la abogacía, destacando su formación académica en el derecho constitucional y administrativo. Subraya su trabajo en lo que llama “temas de fronteras”, es decir, la vinculación del derecho constitucional con problemas bioéticas.

Emilio Pfeffer: Fue abogado integrante de la Corte Suprema durante los años 2012-2015

La independencia judicial, en cuanto componente esencial de un Estado de Derecho, se debe garantizar desde que se activa el procedimiento conforme al cual se nombra el juez”.

Durante su exposición destaca la importancia de la reforma procesal civil, en línea con los nuevos cambios que significará la irrupción de la inteligencia artificial. Para Pfeffer, el Poder Judicial deberá incluir la inteligencia artificial para alcanzar una justicia más oportuna.

Gastón Salinas: Profesor de derecho civil

Y eso hace de suyo repensar el tema del activismo judicial, no como una posición ideológica sino como un aspecto en garantía y protección del ciudadano común en posición de desventaja frente a una parte más poderosa”.

De esta manera, para Salinas los problemas del ciudadano común requieren repensar doctrinas como la responsabilidad civil, la cual debe poner el foco en reparar a la víctima, más que en la culpabilidad del infractor. En esta línea Salinas plantea que el activismo judicial debe enfocarse como una garantía del ciudadano común en su posición de desventaja ante un contra parte más fuerte.  

 

 

 

 

 

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