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Publicado el 09 de julio, 2018

Corte Suprema venezolana en el exilio inicia juicio por corrupción contra Nicolás Maduro

Autor:

Bastián Garcés

El proceso se llevará a cabo en Colombia y se espera que el fallo esté a mediados de agosto. "La comunidad internacional tiene un fundamento jurídico que establece con claridad que el gobierno de Maduro no representa a Venezuela", explica Miguel Angel Martín, presidente del máximo tribunal.
Autor:

Bastián Garcés

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“En la República Bolivariana de Venezuela, existe en este momento formalmente, un vacío institucional en el Poder Ejecutivo Nacional, dado que la persona que pretende erigirse en calidad de primer mandatario presidencial del país fue suspendido en el ejercicio del cargo e inhabilitado en el ejercicio de sus derechos políticos por orden de la ley penal especial”.

Este es uno de los párrafos que se lee en la declaración que el Tribunal Supremo venezolano emitió este 4 de julio y con la que dio comienzo al juicio en contra de Nicolás Maduro por delitos de corrupción y legitimización de capitales, que consiste en blanqueado de dinero.

La causa se empezó a gestar el 19 de febrero de este año, cuando la Fiscal General de Venezuela, Luisa Ortega -quien también se encuentra exiliada-, presentó la solicitud para iniciar el proceso contra el gobernante. El 6 de marzo, el tribunal admitió el requerimiento y notificó a las partes.

“Hay  mérito suficiente para enjuiciar a Nicolás Maduro Moro (…) al considerar el pleno que existe causa probable que hace presumir la comisión de corrupción propia y legitimización de capitales”, expresó la corte el 9 de abril.

No obstante, para continuar, el tribunal necesitaba la aprobación de la Asamblea Nacional. Respuesta que el organismo, de mayoría opositora, emitió el 17 de abril y en la que autorizó la continuación de la querella en contra del Presidente.

Según se explica en el documento, con la decisión de la Asamblea de autorizar “a este Tribunal Supremo de Justicia, integrado por magistrados legítimamente designados y juramentados por ella misma”, se puede concluir que Maduro “quedó formalmente suspendido ope legis, es decir, por mandato de ley, en el ejercicio de cargo de Presidente de la República Bolivariana de Venezuela”.

Se agrega en el texto que “Maduro, en franca rebeldía al orden constitucional vigente, ha incurrido en absoluta inobservancia de su juramento de cumplir con las normas y leyes venezolanas, cuando en fecha veinte de mayo del presente año, participó en un espurio proceso que un sector del oficialismo se atrevió a calificar temerariamente de “Electoral”.

Presidente del tribunal: “Fundamento jurídico que establece que el gobierno de Nicolás Maduro no representa a Venezuela”

En la resolución se plantea que, debido  a esta caso hoy, en Venezuela, existe un vacío institucional. “La pretendida reelección de Nicolás Maduro en un proceso electoral declarado previamente nulo e írrito hace que sea inexistente su actual titularidad presidencial”, detalla el texto.

Situación que llevó a que el tribunal decidiera que le corresponde a la Asamblea Nacional “llenar el vacío constitucional de la Presidencia de la República, hasta que se puedan celebrar elecciones presidenciales”.

Miguel Angel Martín, presidente del Tribunal, explica a “El Líbero” el significa de la resolución de la Corte Suprema. “Permite que la comunidad internacional tenga un fundamento jurídico que establece con claridad que el gobierno de Nicolás Maduro no representa a Venezuela y que no satisface las necesidades de los venezolanos. Su régimen es el creador de la crisis social, institucional y humanitaria que vive el país”, cuenta desde Estados Unidos, país donde se encuentra exiliado.

Este actuar de los magistrados fue apoyado por Luis Almagro, secretario general de la OEA, quien expresó en redes sociales que la “decisión del Tribunal Supremo es coherente con resolución de la Asamblea de la OEA del 5 de junio”.

Las audiencias en contra del Presidente venezolano comenzarán este mes en Bogotá, Colombia,  y se espera que el fallo por los delitos de corrupción y lavado de dinero se emita en agosto de este año.

El documento fue firmado por 25 de los 27 magistrados exiliados que componen la Corte Suprema venezolana. De ellos, los jueces Elenis Rodríguez, Luis Marcano, Zuleima González, José Núñez y Ramón Pérez están asilados en Chile.

 

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