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Publicado el 07 de junio, 2018

Cómo la iniciativa de Chile, junto a otros países de la OEA, podría ser la salida de la crisis venezolana

Autor:

Bastián Garcés

La Corte Penal Internacional sería el camino más efectivo para lograr el fin del régimen de Maduro. A la actual investigación que ya está en manos del tribunal, la OEA remitió un informe de expertos que concluye que "existe fundamento suficiente para considerar que se han cometido crímenes de lesa humanidad". Por su parte, el Presidente Piñera, en su carta al secretario general del organismo, insistió en que se enviaran los antecedentes a la corte.
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Bastián Garcés

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Ciento treinta y un víctimas de asesinatos durante las protestas de 2014 y 2017, perpetrados por miembros de las fuerzas de seguridad del Estado. 8.292 ejecuciones extrajudiciales documentadas desde 2015. Más de 12.000 venezolanos arbitrariamente detenidos, o sujetos a otras severas privaciones de libertad física desde las elecciones presidenciales de 2013. Más de 1.300 presos políticos y se identifica un patrón generalizado y sistemático de abuso dirigido a un segmento identificado de la población civil.

Estas son algunas de las conclusiones del informe, entregado el 29 de mayo, que realizó para la OEA un panel de expertos internacionales independientes sobre la posible comisión de crímenes de lesa humanidad en Venezuela. El secretario general del organismo, Luis Almagro, tras solicitud de los investigadores, remitió estos antecedentes a la Oficina de la Fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI).

Y fueron las 400 páginas que describen la dura realidad venezolana, lo que terminó por gatillar que el Presidente Sebastián Piñera enviara una carta a Almagro, el 3 de junio, donde invoca que la CPI juege un rol clave ante el régimen de Nicolás Maduro. “Debemos reconocer y respetar el trabajo independiente e imparcial de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. Dentro de ese régimen, Chile siempre reclamará a Venezuela su obligación de cooperar con la Fiscalía ante todo hecho que sea objeto del examen preliminar”, se lee en al misiva del Mandatario.

De esta forma, Chile fuera el primer país en solicitar el accionar de la Corte Penal Internacional. Esto, unido al firme accionar del canciller Roberto Ampuero en la Asamblea General de la OEA, puso al país entre las naciones que lideran la ofensiva para que Venezuela pueda salir de su actual crisis.

Para el tribunal con sede en La Haya, los antecedentes de violaciones a los derechos humanos en el país caribeño no son nuevos. De hecho, ya existe una investigación sobre el tema. Fue en febrero cuando la fiscal de la Corte Penal Internacional, Fatou Bensouda, abrió un “examen preliminar” sobre la situación de Venezuela para analizar presuntos crímenes cometidos en ese país. Ello, con el objetivo de investigar los supuestos delitos cometidos desde abril de 2017, durante las manifestaciones que se produjeron cuando el Tribunal Supremo venezolano dejó sin competencias a la Asamblea Nacional, que tenía mayoría opositora.

“Nadie está por encima de la ley. Si tenemos motivos para investigar la situación en Venezuela, lo haremos”

¿Cuánto se puede lograr con estas acciones? ¿Realmente Maduro podría ser enjuiciado y, así, ir poniendo término a su régimen? Son algunas de las preguntas que surgen, más aún luego de que la recién finalizada Asamblea General de la OEA, hiciera un llamado “a los Estados Miembros y Observadores a implementar, de conformidad con sus respectivos marcos legales y el derecho internacional aplicable, las medidas que estimen convenientes a nivel político, económico y financiero para coadyuvar al restablecimiento del orden democrático en Venezuela”.

La fiscal de la CPI a cargo del tema, Fatou Bensouda, estuvo de paso por Argentina, en abril pasado. Cuando se le consultó en “La Nación” si podría acusar a Maduro por la represión en las marchas, la jueza respondió: “Ese no es nuestro objetivo en este momento. Pero, yendo a su punto, le aseguro que nadie está por encima de la ley. Si tenemos motivos para investigar la situación en Venezuela, lo haremos. En ningún caso importa si el funcionario está en el gobierno o ya no. Por ejemplo, en África, hemos emitido dos órdenes de arresto por crímenes de guerra contra el presidente de Sudán, Omar al-Bashir, y el presidente de Kenya, Uhuru Kenyatta, ya tuvo que comparecer ante la CPI. El cargo que ejerza no le da inmunidad a nadie”.

Pero, según explican diferentes expertos, el camino no es fácil. El abogado Francisco Cox, experto en Derecho Penal Internacional, que trabajó en el programa de Justicia Internacional de Human Rights Watch, y que ha litigado en la CPI, considera que debe ser un país perteneciente a la OEA quien acuda al tribunal internacional, ante la pregunta sobre si Maduro puede ser juzgado por violaciones a los Derechos Humanos.

“Es algo que tendrá que investigar la fiscal de la Corte Penal Internacional. Pero el hecho de que los expertos que hicieron el informe, que son personas muy prestigiosas, se hayan formado la convicción de que se están cometiendo crímenes de lesa humanidad, tiene el peso de una organización solamente. Pero, si algún Estado miembro de la OEA, que a su vez sea parte de la Corte Penal Internacional, quiere referir los antecedentes como Estado parte es distinto. Ahí se inicia un proceso formal en el cual la fiscalía se tiene que pronunciar”, explica Cox.

Y sobre cómo se podrían investigar los hechos en Venezuela, considerando que es muy complejo que ese país quiera colaborar, el experto señala: “Lo que generalmente se hace en estos casos es que se recurre a fuentes de exiliados o de gente que ha salido del país y puede recabar información. O a través de solicitudes de colaboración, dado que Venezuela es un Estado parte para que se remita antecedentes a la Fiscalía”.

Por su parte, la académica Silvia Bertazzo, de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes, experta en Derecho Internacional Público, se refiere a la imposibilidad de Maduro para pedir inmunidad.

“De acuerdo a lo establecido en el Estatuto de Roma, es la Corte Penal Internacional el órgano a cargo de los casos que involucran la responsabilidad penal de individuos, en este caso del Presidente Maduro, ante el cual no puede invocar la inmunidad de jurisdicción penal tradicionalmente concedida a los Jefes de Estado. Una vez enviado el informe, lo más probable es que la Fiscal evalúe sobre la información recibida y decida si dar inicio a una investigación, y proceder al enjuiciamiento o no”, señala Bertazzo.

Y sobre la posibilidad de que enfrente un juicio, señala: “La posibilidad existe. Recordemos que ciertos episodios, que se dieron durante las manifestaciones del año pasado, ya son objeto del examen preliminar por parte de la Fiscal. El nuevo informe abriría un nuevo ‘capítulo'”, precisa.

Martha Zavala, colaborada Foro Penal Venezolano: “El uso de la palabra ‘refugiados’ abre un abanico importante de ayuda internacional para los que están huyendo”

La abogada venezolana, especializada en derechos humanos, Martha Zavala vive en Chile desde 2010 y actualmente es colaborada de la ONG Foro Panel Venezolano, entidad encargada de proteger los derechos de los presos políticos venezolanos y que ha sido nominada dos veces al Premio Nobel de La Paz. Para la abogada la aprobación de la resolución que desconoce la legitimidad de las elecciones del 20 de mayo, en las que Nicolás Maduro fue reelecto como presidente hasta 2025, es “un golpe de timón respecto a lo que la OEA venía haciendo con la situación venezolana”.

Un aspecto que destaca de la iniciativa es el uso del término “refugiados venezolanos”. “Abre un abanico importante de ayuda internacional para los venezolanos que están huyendo por Colombia, Brasil”, explica. Para la abogada “el hecho de usar esta palabra quiere decir que el venezolano común está huyendo de un régimen y de un país donde su vida corre peligro porque no tienes ni siquiera un paracetamol, alimentación”. 

Chile no se ha visto ajeno a este fenómeno, la cifra de venezolanos en el país bordea los 170 mil, hecho que motivó que en abril la Cancillería implementara una visa de responsabilidad democrática.

 

 

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